La SIDE bajo la lupa: Kicillof denunció espionaje ilegal en su contra

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, denunció penalmente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por presunto espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, sindicalistas y periodistas opositores al Gobierno nacional. La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata y apunta directamente al titular del organismo, Sergio Neiffert, y al director general de Operaciones, Diego Kravetz.

La denuncia se conoció luego de que el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, revelara la existencia de un informe elaborado por la SIDE que incluye el monitoreo de dirigentes políticos, funcionarios estatales y organizaciones sociales. Según la información publicada, el organismo habría desarrollado tareas de inteligencia por motivos políticos e ideológicos, lo cual está expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.

En su escrito, Kicillof sostuvo que los hechos divulgados “deben ser objeto de una investigación penal por constituir delitos de acción pública”, y solicitó que se instruya el sumario correspondiente para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales. “Solicito que se produzcan las medidas de prueba conducentes para el esclarecimiento de los hechos con respecto al presunto espionaje ilegal perpetrado por la SIDE”.a

La denuncia del mandatario provincial se suma a otras presentaciones recientes por la misma causa. En junio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la Justicia a Neiffert y a Kravetz por haber habilitado actividades de espionaje interno a través del Plan de Inteligencia Nacional (PIN). En ese documento, se autorizaría a la SIDE a identificar y vigilar a organizaciones sociales y actores no estatales que puedan “capitalizar la creciente polarización política” en beneficio electoral, una práctica vedada por la legislación vigente.

Desde el entorno del gobernador señalaron que la decisión de presentar la denuncia busca evitar que se normalicen prácticas de inteligencia ilegal que ya han tenido antecedentes en la historia reciente del país. El caso quedó en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si existieron acciones concretas de vigilancia política por parte del organismo encabezado por Neiffert, un funcionario de extrema confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.