Trenes bonaerenses en pausa: denuncian una estrategia de vaciamiento para privatizar el sistema ferroviario

Con fuertes críticas al rumbo adoptado por la Secretaría de Transporte de la Nación, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que las recientes suspensiones de servicios y la negativa a reactivar ciertos ramales no son hechos aislados, sino parte de una hoja de ruta que busca “transferir el negocio a un privado, cercano a los sectores que hoy administran el país”.

Una de las decisiones más sensibles fue la cancelación del servicio que unía General Guido con Divisadero de Pinamar, interrumpido meses atrás por el gobierno nacional ante la falta de mejoras en el tendido de vías. La Provincia solicitó la posibilidad de operar directamente ese ramal, así como el de Mar del Plata y Tandil, este último con obras avanzadas pero detenidas desde el cambio de gestión. Sin embargo, no obtuvo respuesta favorable.

Desde la mirada de Marinucci, el desmantelamiento progresivo de los servicios ferroviarios de pasajeros en el interior bonaerense —como ya ocurrió en localidades como Junín, 9 de Julio y Carlos Casares— constituye un paso previo a la privatización. En declaraciones recientes, el funcionario apuntó también que ya se evidencian señales de este proceso en el área de cargas, en especial con el caso de Belgrano Cargas, empresa estatal entre 2020 y 2024, que había triplicado el volumen de transporte bajo administración pública nacional.

Lejos de resignarse, el gobierno provincial insiste en una estrategia alternativa: avanzar en un plan de desarrollo ferroviario propio que conecte a las diez ciudades bonaerenses más grandes fuera del AMBA con los puertos provinciales, con el objetivo de abaratar costos logísticos y mejorar la competitividad regional. Este plan contempla tanto la reactivación de ramales existentes como la construcción de nuevos, bajo un modelo mixto de inversión pública y privada, pero bajo control estatal.

En este contexto, la pulseada entre Nación y Provincia no sólo evidencia diferencias en el enfoque sobre el transporte público, sino que también revela un conflicto de fondo sobre el rol del Estado en la planificación del desarrollo territorial. Mientras la gestión nacional prioriza la reducción del gasto y la transferencia de operaciones al sector privado, la provincia de Buenos Aires busca preservar y ampliar un servicio estratégico que, según advierten, genera arraigo y oportunidades más allá del área metropolitana.