Dólar, precios y recesión inducida: el mercado ajusta mientras el Gobierno pisa salarios

La suba del dólar en las últimas semanas —un 13,8% en julio, con picos del 4% diario— reactivó el clásico mecanismo de remarcación de precios en los rubros más sensibles al consumo cotidiano. Empresas líderes de alimentos, higiene, tocador y limpieza enviaron listas con aumentos que oscilan entre el 3% y el 9%, aún cuando algunas cadenas minoristas sostienen que todavía no se concretaron de forma generalizada. El movimiento, aunque moderado en términos históricos, refleja la tensión creciente entre una estructura de costos dolarizada y un mercado interno paralizado por la caída del consumo.

Desde el oficialismo se promueve una estrategia que podría definirse como de recesión inducida. Medidas como la suba de encajes bancarios y la presión para evitar aumentos salariales apuntan a contener la inflación debilitando la demanda. En paralelo, el mensaje hacia los formadores de precios es claro: “el que aumenta, pierde”, una frase que busca disciplinar en medio de una economía donde la competitividad entre marcas y canales es feroz, pero donde los márgenes de las familias están cada vez más acotados.

Las empresas, entre el dólar y la demanda
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) reconoció que las remarcaciones no son generalizadas, pero que cada firma ajusta en función de su estructura de costos. “La transmisión a precios no es automática ni lineal”, indicaron. Aún así, algunas de las principales compañías ya definieron incrementos: Mondelez aplicará subas del 7% al 9%, Unilever del 8%, y Arcor entre 3% y 5%. Incluso empresas con menor exposición al dólar como Danone o Mastellone se sumaron con ajustes que rondan el 4%.

El impacto del alza del tipo de cambio se hizo sentir especialmente en sectores donde los insumos están dolarizados o se exportan. Diego Cifarelli, presidente de la Federación de la Industria Molinera, lo explicó con claridad: “El trigo, que representa el 80% del costo de la harina, subió 17% en julio. No hay forma de no trasladar eso a precios”. A su vez, productos derivados como galletitas, panificados o aceites también empezaron a actualizar valores.

El freno al consumo como herramienta antiinflacionaria
El trasfondo político-económico de estas dinámicas está atravesado por una decisión oficial que no oculta sus intenciones: contener la inflación vía caída del poder adquisitivo. El propio Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) advirtió que el gobierno “utiliza el ancla salarial y el enfriamiento de la economía como mecanismos centrales del plan de estabilización”.

Los datos relevados por el ISEPCI en barrios populares muestran otra cara de la inflación: en junio, los alimentos subieron un 3,4% mientras las ventas cayeron un 4%. Esta tendencia podría agravarse en agosto, con un nuevo traslado de la devaluación a los precios. En estos territorios, donde predominan los comercios de cercanía y no las grandes cadenas que monitorea el INDEC, la inflación real duplica muchas veces los registros oficiales.

El dilema: trasladar o no los aumentos
En este contexto, muchas empresas optan por la cautela: prefieren advertir a sus clientes mayoristas sobre posibles subas sin aplicar inmediatamente las nuevas listas, a la espera de la evolución del dólar y la reacción del consumidor. Algunas firmas, como las de limpieza o cosmética, ya definieron aumentos programados (en torno al 7%), pero otras aguardan para no perder mercado.

Salarios pisados, inflación contenida… ¿por cuánto tiempo?
Un informe de la consultora Vectorial advirtió que el salario real está hoy un 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Si se ajusta con los ponderadores del consumo popular, la caída llega al 11,2%. La consultora C-P fue más directa: “El salario efectivo no se recupera, sino que cae. La desinflación perdió impulso y la economía real no muestra signos de repunte”.

La pregunta de fondo es cuánto más puede resistirse el consumo antes de forzar nuevas correcciones de precios o una reactivación parcial. La “paz cambiaria” es relativa, y la presión sobre los combustibles y servicios —aún con tarifas contenidas— podría alimentar una nueva ola de aumentos. En ese contexto, la estrategia oficial de mantener la inflación a costa del bolsillo encuentra sus límites tanto en lo económico como en lo social.