Crece el repudio al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad: “No representa austeridad, es abandono”

El presidente Javier Milei oficializó el veto total a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas. Bajo la ya conocida justificación de que “no hay plata” y el supuesto impacto sobre el déficit fiscal, el Gobierno volvió a rechazar una política de contención social, esta vez en uno de los sectores más vulnerables de la población. La reacción no se hizo esperar: organizaciones de todo el país convocaron a una jornada federal de protesta este martes, con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos.

En declaraciones a Radio Con Vos, el diputado nacional Daniel Arroyo —presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja y autor de la ley vetada— se mostró indignado por la decisión presidencial y describió la situación del sector como crítica. “La ley es de pura humanidad y de pura justicia”, sostuvo. Según explicó, la normativa tenía tres ejes: la actualización de los aranceles por inflación, el ordenamiento en el otorgamiento de pensiones no contributivas y el abordaje del maltrato institucional.

Arroyo describió con crudeza el panorama: personas que trabajan en talleres protegidos cobrando apenas 28.000 pesos mensuales; transportistas que reciben 541 pesos por litro de nafta cuando cuesta más del doble, y acompañantes terapéuticas que trabajan sin cobrar durante meses. “Los hogares están al borde del cierre, los transportistas no pueden sostener los traslados, y hay rotación permanente porque no se puede garantizar la atención”, denunció.

Además, criticó duramente las auditorías que el Ejecutivo viene realizando sobre las pensiones: “Hubo errores en el pasado, sí, pero el gobierno decidió hacer auditorías de forma incorrecta y revictimizante. Y lo hizo con un nivel de crueldad inédito: utilizaron términos como ‘idiota’ o ‘débil mental’, impropios del siglo XXI, en documentos oficiales”.

Consultado por los motivos de fondo del veto, Arroyo apuntó que el Gobierno “le habla a los mercados” y no toma dimensión de la realidad social. “Mete todo en la misma bolsa. No entiende —o no quiere entender— lo que significan las instancias intermedias de acompañamiento. Es una idea absurda, cruel e ignorante”, remarcó. Y sugirió que leyes como la de discapacidad, la de jubilaciones y la moratoria previsional sean tratadas por separado, dado que la de discapacidad fue la que más consenso logró en el Congreso.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad también expresaron su rechazo mediante un comunicado en el que señalaron: “El veto total a esta ley no representa austeridad: es una forma de abandono”. E interpelaron directamente al presidente: “¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se lleva una vida digna sin apoyos del Estado? Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores, no solo con los que gozan de privilegios”.

En ese mismo sentido, los colectivos que convocan a la jornada de lucha advirtieron que “los aranceles están desactualizados, los servicios en crisis, y muchas instituciones al borde del colapso”. Por eso, llamaron a una movilización pacífica y federal, con cese de actividades y concentraciones en plazas céntricas de todo el país. El reclamo es unívoco: que el Congreso insista con la sanción de la ley y revierta el veto presidencial.