La Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional dispuesto por Milei

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y suspendió por seis meses el decreto del presidente Javier Milei que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La decisión fue tomada por la jueza Martina Forns, quien fundamentó su fallo en que la Ley Bases no otorgó facultades delegadas al Poder Ejecutivo para cerrar un ente autárquico creado por ley hace más de 93 años. La magistrada advirtió en la resolución sobre el “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” que implicaba el decreto 461/2025, y que su aplicación podía derivar en “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir su rol.

Además, la jueza señaló que el artículo 32 del decreto condicionaba la estabilidad laboral de los trabajadores a decisiones administrativas futuras, en violación de los convenios colectivos de trabajo y normas de jerarquía constitucional. “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”, se indicó en el fallo de nueve páginas al que accedió Ámbito.

En paralelo, la justicia laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se declaró incompetente ante otro amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina y remitió el expediente al Fuero Contencioso Administrativo Federal, por tratarse de un asunto vinculado con la administración pública nacional.

La Dirección Nacional de Vialidad fue fundada en 1932 y es el organismo responsable de construir, mantener y administrar más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, con más de 5.500 trabajadores distribuidos en todo el país. Sus equipos y oficinas regionales ejecutan obras estratégicas y realizan tareas de mantenimiento esenciales para la conectividad y el transporte.

Con esta resolución judicial, el futuro del organismo queda en suspenso mientras se resuelve el fondo de la cuestión, en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y los gremios viales por la continuidad laboral y el modelo de gestión de la infraestructura del país.