
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la Justicia para declarar como inconstitucional el decreto firmado por el presidente Javier Milei para cerrar Vialidad Nacional, que se publicó en el Boletín Oficial el 7 de julio.
La medida del gremio, que contó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, busca "la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25". El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.
Los letrados advirtieron que el decreto pretende "concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública".
En tanto, el documento alertó por las consecuencias del decreto sobre los empleados, ya que marcó que "genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT".
La presentación del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines ante la Justicia se produjo luego del anuncio de Manuel Adorni sobre el cierre de Vialidad Nacional, que luego fue oficializado en el Boletín Oficial. "Este organismo se inventó para simplificar la corrupción", advirtió el vocero presidencial en una conferencia de prensa en la Casa Rosada el 7 de julio.
En este marco, señaló que "el Gobierno dará la apertura de la licitación de 9.120 kilómetros de ruta, que tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país".