
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó un contundente rechazo a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, oficializada la semana pasada por el gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 461/2025. “Es totalmente inviable”, sostuvo este martes el titular de la entidad, Gustavo Weiss, al advertir que el sector privado no puede reemplazar al Estado en la construcción y mantenimiento de rutas.
En diálogo con El Destape AM, Weiss explicó que en los países con estabilidad macroeconómica, financiamiento a largo plazo, tarifas altas en dólares y seguridad jurídica, la inversión privada en infraestructura “no supera el 15%”. “El 85% restante tiene que provenir de fondos públicos en sus tres niveles porque no hay rentabilidad para el sector privado”, afirmó. Según el empresario, “no hay forma de que el usuario pueda pagar una determinada tarifa” que cubra los costos reales de construcción y mantenimiento.
El presidente de CAMARCO precisó además que el Gobierno nacional planea concesionar “una cuarta parte de las rutas” para su operación y mantenimiento. Sin embargo, aclaró que este sistema de peaje solo podría aplicarse una vez adjudicadas las concesiones, y advirtió que “en el resto de las rutas ni siquiera se puede aplicar ese sistema porque no hay una cantidad suficiente de vehículos y mucho menos alcanzaría para ejecutarlas desde cero”.
Concretamente, Weiss señaló que las únicas rutas nacionales que podrían construirse como nuevos corredores viales con financiamiento privado son los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la ciudad de Córdoba, “por tener suficiente volumen de tránsito”.
Qué implicaba Vialidad Nacional
La Dirección Nacional de Vialidad era el organismo encargado de planificar, construir, mantener y operar los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Contaba con más de 5.000 trabajadores que, además de garantizar la conectividad entre ciudades y pueblos, realizan tareas esenciales como asistencia en emergencias y despeje de caminos durante catástrofes, inundaciones y nevadas, especialmente en invierno en la Patagonia y la región cordillerana.
Cabe recordar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la semana pasada la disolución de Vialidad Nacional junto a la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Justificó la decisión al declarar que con esta medida “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente”.
Sin embargo, la medida generó una fuerte reacción en los sectores vinculados a la construcción y la ingeniería vial, que advierten sobre la inviabilidad económica y técnica de reemplazar al Estado en la gestión y desarrollo de la infraestructura vial argentina.