La Justicia de EEUU ratificó que Argentina debe entregar el 51% de YPF a fondos buitre

La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó este lunes un nuevo planteo del Gobierno argentino y ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Se trata de un duro revés judicial en una causa que, aunque aún tiene instancias de apelación, amenaza con implicancias millonarias para el país y su principal empresa energética.

El fallo ordena a la Argentina pagar 16.099 millones de dólares en compensación por la expropiación considerada irregular, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora avanza en su etapa de ejecución con el traspaso accionario. Sin embargo, los abogados del país sostienen que la medida es inviable legalmente y viola la soberanía nacional, dado que la Ley de Expropiación aprobada en 2012 establece que la venta o cesión de las acciones de YPF sólo puede hacerse con el aval de dos tercios del Congreso.

Próximos pasos judiciales
Ante esta decisión, el Gobierno apeló ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, dejando abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos si el fallo vuelve a ser desfavorable. Este proceso podría demorar hasta dos años.

Los abogados argentinos argumentaron que la orden de Preska contraviene la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional, además de representar un ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial. También señalaron que el Departamento de Justicia de EEUU, tanto en las administraciones de Joe Biden como de Donald Trump, respaldó la postura argentina para evitar un precedente que permita embargos forzados de empresas extranjeras en territorio estadounidense.

Negociaciones y reunión clave
Mientras tanto, los fondos buitre ganadores del litigio insisten en abrir una etapa de negociación con funcionarios del gobierno de Javier Milei. Este martes 15 de julio por la mañana se realizará una reunión clave en Nueva York que podría destrabar la situación.

Fuentes cercanas al caso no descartan una inminente declaración pública de Donald Trump en respaldo a Argentina, ante la preocupación de que el cumplimiento de este fallo habilite represalias similares sobre empresas estadounidenses en el exterior.

Cabe destacar que YPF no forma parte de este juicio. La petrolera no tiene abogados trabajando en el caso ni participa en las negociaciones. El presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, aclaró que “la jueza Preska falló a favor de YPF y en contra de la República”, por lo que la compañía no está formalmente involucrada, aunque la sentencia impacte directamente en su estructura accionaria y operativa.

Argumentos del Estado argentino
Entre los fundamentos presentados por la defensa argentina se destaca:

La ejecución del fallo forzaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control estatal sobre YPF.

No existe un perjuicio inmediato para los demandantes si se suspende la ejecución, mientras que el avance de la orden afectaría a terceros, como provincias y bonistas, e incluso podría activar cláusulas perjudiciales para la empresa.

El caso plantea “cuestiones legales sin precedentes” y hasta el propio gobierno de EEUU manifestó diferencias con la interpretación del tribunal.

Por ahora, el futuro de YPF y los riesgos económicos de la causa seguirán bajo definición judicial en los tribunales estadounidenses, mientras la administración Milei busca limitar el impacto político y financiero de un proceso que se remonta a una de las decisiones energéticas más trascendentales de la última década.