La inseguridad alimentaria infantil alcanza su nivel más alto en una década

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODS-UCA), el 35,5% de niñas, niños y adolescentes –unos 4,3 millones– enfrentan dificultades para acceder a una alimentación suficiente, mientras que un alarmante 16,5% padece su forma más extrema. Se trata de un crecimiento sostenido que, si bien refleja problemas estructurales de pobreza e informalidad, se profundizó en el último año por la crisis socioeconómica.

El estudio, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, advierte que desde 2010 la tendencia fue ascendente, con tres picos críticos: 2018, 2020 durante la pandemia y 2024.

Los determinantes: pobreza, empleo precario y hogares vulnerables
El informe coordinado por Ianina Tuñón y Agustín Salvia detalla que la inseguridad alimentaria afecta especialmente a los hogares pobres, aquellos con jefaturas de inserción laboral precaria, familias monoparentales y numerosas. El empleo es el factor más decisivo: los hogares con trabajo informal, subempleo o desempleo registraron los niveles más altos, alcanzando picos de 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024. En contraste, los hogares con empleo pleno tuvieron niveles mucho más bajos (10%), aunque esto igualmente revela que incluso con empleo formal hay sectores que enfrentan dificultades estructurales.

Otro dato preocupante es la mayor vulnerabilidad en hogares monoparentales, con una incidencia 12 puntos superior a la de hogares biparentales entre 2010 y 2024. Las familias con cinco o más integrantes también presentan brechas significativas y crecientes de inseguridad alimentaria.

Educación, empleo y región: brechas que se amplían
La escolaridad surge como un factor protector. Los hogares con niños o niñas fuera del sistema educativo presentan niveles significativamente más altos de inseguridad alimentaria, una diferencia que se amplió desde 2020. Esto refleja el deterioro en las condiciones de vida de quienes quedan excluidos de la escuela, perdiendo además acceso a comedores y redes de contención.

A nivel regional, el AMBA mostró históricamente los peores indicadores desde 2017, pero en 2024 el interior del país registró un aumento que lo acercó al conurbano: 36% contra 35%.

Un problema crónico con soluciones parciales
Entre 2022 y 2024, más de la mitad de las infancias atravesaron inseguridad alimentaria en al menos uno de esos años. El 14,8% la sufrió de manera crónica, otro 9,2% empeoró y solo el 44,5% se mantuvo libre de esta problemática en todo el período.

Las transferencias de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) mostraron un efecto protector, reduciendo la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos según la escala del índice. Sin embargo, los investigadores advierten que su impacto es limitado frente a la precariedad laboral estructural.

“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, concluye el informe. Para el ODS-UCA, las transferencias como la AUH y la TA deben articularse con políticas de empleo inclusivo, desarrollo infantil temprano y fortalecimiento de la alimentación escolar para garantizar el derecho básico a una alimentación adecuada.