“Habrá rutas de la muerte”: duras reacciones tras el cierre de Vialidad Nacional

El decreto publicado este martes por el Gobierno nacional, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), encendió alarmas en todo el arco sindical y político. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, denunció que la medida convertirá a las rutas argentinas en verdaderas “rutas de la muerte” y dejó un mensaje contundente: “Moriremos todos en las rutas argentinas, es una vergüenza”.

El decreto establece que las funciones de Vialidad pasarán al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según el Gobierno, el cierre apunta a eliminar estructuras ineficientes y a modernizar el Estado. Sin embargo, para Aleñá, se trata de una decisión “profundamente ideológica” que busca “achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

La sindicalista responsabilizó directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, por las consecuencias de esta decisión. “Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, afirmó, acusándolos de estar detrás de un “genocidio en las rutas”.

Impacto humano y técnico: más de 5500 despidos y 40 mil kilómetros sin mantenimiento
Según el gremio, el cierre dejará a más de 5500 trabajadores sin empleo, abandonará 118 rutas nacionales y desmantelará la cobertura de más de 40 mil kilómetros de la red vial. Aleñá denunció que el Gobierno “miente con nuestras funciones y arma este decreto para hacer negocios, como fue desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”.

Además, la sindicalista explicó que el decreto implica la liquidación de bienes millonarios en maquinarias y edificios operativos que pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su venta. “Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, sentenció.

Privatización, tercerización y pérdida de soberanía vial
La líder gremial remarcó que la medida no es una simple reorganización administrativa, sino un desmantelamiento del Estado como garante de la infraestructura vial. “Significa desmantelar la capacidad operativa estatal en favor de un esquema centralizado, vertical, con mayor lugar para la tercerización y la privatización de funciones”, explicó.

El Gobierno justificó la disolución argumentando una estructura “onerosa y desproporcionada” y un rol reducido de Vialidad a tareas menores como “desmalezamiento de rutas”. Sin embargo, Aleñá desmintió estas afirmaciones y detalló que el organismo realiza diariamente obras de bacheo, repavimentación, señalización, control de peso y mantenimiento invernal, funciones que el sector privado no podría suplir con la misma eficiencia y cobertura federal.

“La visión mercantilista del Gobierno omite que Vialidad tiene un rol estratégico en la planificación y control del desarrollo vial. No es la ejecución mixta el problema, sino el abandono presupuestario deliberado que hoy usan como excusa de supuesta ineficiencia”, agregó.

Rechazos políticos: “Atenta contra la vida y el desarrollo federal”
La diputada bonaerense de Acuerdo Cívico – UCR + GEN, Natalia Dziakowski, también criticó duramente la decisión presidencial. “Cerrar Vialidad Nacional es cerrar la puerta al desarrollo federal, a la equidad territorial y al cuidado de miles de vidas que se arriesgan a diario en rutas abandonadas”, afirmó.

La legisladora advirtió que la medida impactará directamente en las economías regionales, que dependen de una red vial eficiente para exportar productos y generar empleo, y consideró que el reemplazo de Vialidad por empresas privadas “fragmentará la infraestructura del país” y podría derivar en la imposición de peajes en rutas hoy gratuitas, encareciendo los costos logísticos de provincias productivas.

“Esto es una medida profundamente irresponsable que demuestra un total desinterés por quienes transitan nuestros caminos”, enfatizó Dziakowski, al tiempo que denunció que la falta de un organismo nacional dejará obras inconclusas y sin supervisión.

Críticas del Ministerio de Transporte bonaerense
En la misma línea, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, calificó la medida como “irresponsable y peligrosa”. Consideró que responde a un “achique innecesario” de áreas sensibles del Estado y la comparó con la interrupción de servicios ferroviarios implementada por el actual Gobierno nacional.

“Cerrar la Agencia Nacional de Seguridad Vial es otro desacierto de Milei que atenta contra todos los argentinos”, afirmó Marinucci, denunciando un desinterés profundo por la seguridad y conectividad de los habitantes del interior.

El cierre de Vialidad Nacional se enmarca en el programa de reforma estatal de Javier Milei, que plantea la eliminación o privatización de múltiples entes nacionales. Si bien el Gobierno defiende la medida como un proceso de modernización y desburocratización, los especialistas advierten sobre un grave riesgo de desfinanciamiento, privatización de funciones estratégicas y pérdida de control estatal sobre obras claves para la conectividad y la producción nacional. En términos sociales, la desaparición de Vialidad Nacional implica no solo la pérdida de miles de empleos calificados y el impacto económico local en distritos donde es el principal empleador, sino también el riesgo directo sobre la vida de las personas en rutas deterioradas o desatendidas.