La provincia prorrogó la emergencia en el sudoeste bonaerense, pero Nación sigue ausente

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en los partidos del sudoeste bonaerense afectados por el devastador temporal del 6 de marzo de este año. La medida fue oficializada este martes a través del Decreto N° 1568/25, publicado en el Boletín Oficial provincial, y busca dar continuidad a las tareas de asistencia, reconstrucción y recuperación en municipios como Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí.

Según consta en el decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, la prórroga se enmarca en la Ley N° 11.340 y extiende lo dispuesto en los decretos anteriores N° 316/25 y N° 874/25. El objetivo es garantizar el avance de los procedimientos ya iniciados para mitigar los efectos de las inundaciones y las intensas lluvias que anegaron rutas, aislaron localidades y generaron daños de extrema gravedad en infraestructura y viviendas.

Entre las acciones en curso se destacan la entrega de subsidios, la provisión de materiales de construcción, la reparación de caminos rurales y rutas provinciales, además de la postergación de vencimientos impositivos para los damnificados. “Existen varios procedimientos que se encuentran en curso”, explicaron desde el Ejecutivo bonaerense, y subrayaron que las consecuencias del temporal aún impactan en la vida cotidiana de los vecinos y la producción regional.

Las zonas más afectadas sufrieron cortes de caminos, interrupciones en las vías de comunicación y graves daños en hospitales, escuelas y otras instituciones públicas. Ante esta situación, la Provincia trabaja junto a los municipios en la ejecución de obras hidráulicas y viales para reparar la infraestructura dañada y evitar nuevos desastres ante posibles lluvias.

Contraste con Nación: un veto que dejó sin ayuda a miles de damnificados
La decisión del gobierno provincial contrasta con la postura adoptada por el Gobierno Nacional, que a fines de junio vetó por completo la ley que declaraba la emergencia nacional en Bahía Blanca y otros distritos afectados. Esa norma, impulsada por el bloque de Unión por la Patria y aprobada con amplio respaldo en el Congreso, contemplaba la creación de un fondo de $200 mil millones para atender la crisis.

Sin embargo, el presidente Javier Milei frenó la medida mediante un decreto presidencial en el que argumentó que “ya se habían tomado acciones” por decretos previos y cuestionó la falta de previsión presupuestaria de la ley, calificándola como “innecesaria”.

El veto generó fuertes críticas desde sectores opositores y autoridades locales. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó que solo su ciudad necesita cerca de $400 mil millones para recuperar la totalidad de su infraestructura afectada, por lo que la ayuda contemplada por la ley vetada apenas habría cubierto la mitad de las necesidades de un solo municipio.