La AJB reclama que no acepten la renuncia de la jueza Makintach para evitar su impunidad

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un reclamo formal al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, para que no acepte la renuncia de la jueza Julieta Makintach, quien está procesada y a la espera de un juicio político por su controvertido accionar en la causa por la muerte de Diego Maradona.

Desde el gremio que conduce Hugo Russo advirtieron que permitir su salida en este contexto sería una maniobra que garantizaría su “impunidad institucional” y le permitiría eludir la rendición de cuentas. “Permitir que una magistrada en proceso de enjuiciamiento evada dicha instancia mediante la renuncia implicaría consagrar la impunidad institucional, en detrimento del interés público”, señalaron en la nota enviada a Mena.

Makintach, jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, fue denunciada y licenciada compulsivamente por la Suprema Corte provincial. Su actuación en el primer juicio por el fallecimiento del astro del fútbol argentino derivó en la anulación total del proceso, lo que generó un escándalo público y un duro golpe a la credibilidad del Poder Judicial bonaerense. Por este motivo, el Jurado de Enjuiciamiento inició un proceso que podría culminar con su destitución.

En medio de ese procedimiento, la magistrada presentó su renuncia. Sin embargo, la AJB remarcó que el juicio político no tiene como único fin la remoción del cargo, sino que cumple una función esencial en el sistema republicano, al garantizar la rendición de cuentas de los jueces ante la sociedad, algo que no se suple con el proceso penal, ya que tienen finalidades distintas.

El sindicato recordó al ministro Mena que la dimisión de un juez no es un trámite automático. Citando fallos de la Corte Suprema de la Nación, explicaron que se trata de un “acto complejo que requiere la aceptación expresa del Poder Ejecutivo para ser válida”.

De esta manera, es el gobernador Axel Kicillof quien tiene la potestad de rechazar la renuncia y obligar a Makintach a enfrentar el proceso de remoción. Si su dimisión fuera aceptada, no solo evitaría el juicio político, sino que además quedaría habilitada para volver a ejercer cargos públicos en el futuro. La destitución, en cambio, podría inhabilitarla para la función judicial.