Gobernadores tensan la cuerda con Nación e ingresan al Senado proyectos por fondos

Con un amplio respaldo que incluyó a bloques del oficialismo provincial, radicalismo, PRO y fuerzas locales, ingresaron este miércoles al Senado los proyectos impulsados por los gobernadores para modificar el esquema de distribución de fondos nacionales. La presentación marca un fuerte gesto político ante la falta de respuestas del Gobierno de Javier Milei a sus reclamos por recursos.

El contexto es claro: sin contraofertas concretas de la Casa Rosada, la estrategia conjunta de los mandatarios provinciales se tradujo en iniciativas legislativas que proponen cambiar tanto la coparticipación del impuesto a los combustibles como la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión enciende alarmas en el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenta con una minoría parlamentaria que dificultaría frenar su aprobación.

La transversalidad del respaldo quedó reflejada en las firmas: José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal), Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi y Martín Lousteau (UCR), Alfredo De Angeli (PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Carlos Espínola (Unidad Federal).

Uno de los proyectos propone la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, estableciendo que esos recursos pasen a distribuirse según la Ley de Coparticipación Federal. Además, determina que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se divida en un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social –con destino a obligaciones previsionales– y un 57,02% para las provincias. De este porcentaje provincial, el 25% sería repartido en partes iguales entre todas las jurisdicciones y el 75% restante según los actuales índices de coparticipación.

Por su parte, la iniciativa sobre los ATN establece que los fondos sean distribuidos respetando los porcentajes coparticipables, con un mecanismo de redistribución diaria y automática, y considera esos recursos parte integrante de la masa coparticipable.

Ambas propuestas invitan asimismo, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir, consolidando así un frente común para presionar al Gobierno nacional por recursos que consideran indispensables para sostener las finanzas locales y garantizar la gobernabilidad.

La avanzada legislativa no solo revela la creciente tensión federal, sino que deja expuesta la dificultad de la administración Milei para contener el reclamo de gobernadores de todos los colores políticos, cuyo voto articulado en el Congreso podría consolidarse como la mayor amenaza a la hoja de ruta oficialista pese a todos los pactos y promesas adquiridos por parte de Nación.