
Alesia Abaigar, fue trasladada al penal de mujeres de Ezeiza tras haber sido detenida por arrojar excremento y colocar un pasacalle frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert. La decisión de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, generó fuertes críticas desde el ámbito político y jurídico, que califican la medida como “desproporcionada” y “un intento de disciplinamiento a la protesta social”, teniendo en cuenta que se trata de una contravención.
“Es un caso atípico, lo que quiere decir que no está previsto como delito”, señaló Adrián Albor, uno de los abogados de la mujer en diálogo con Radio Madres. Y graficó: “Si le saco la lengua a alguien por la ventana del colectivo no es un delito. Tirarle bosta en la casa a un funcionario puede ser una contravención municipal pero no es un delito. Lo sabe un alumno de primer año de Derecho”. “Ante esta situación -denunció- estamos ante una jueza (Sandra Arroyo Salgado) que ha decidido colaborar con el desaliento de la protesta social”.
Abaigar, quien se desempeña en la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, fue arrestada la semana pasada. El otro abogado defensor, Daniel Llermanos, sostuvo por su parte que la detención constituye “un cúmulo de errores” por parte de la magistrada, ya que los hechos investigados –tirar estiércol y colgar un pasacalle en la casa del legislador libertario– “no implican un delito penal sino, en el peor de los casos, una contravención municipal”.
Desde la defensa también denunciaron que no se les permitió acceder al expediente y que la jueza no brindó las pruebas que fundamentan la detención. “Sin defensa no hay juicio”, advirtió Llermanos, quien además cuestionó el traslado de su clienta a Ezeiza debido a que padece una inmunodeficiencia que afecta sus pulmones, situación que no fue considerada para determinar un lugar de alojamiento adecuado. “Nos costó hablar con ella porque llora sin parar, se ahoga y se siente maltratada”, relató el letrado.
El caso adquirió dimensión política luego de que organizaciones sociales y dirigentes de Unión por la Patria y la izquierda denunciaran la detención como un ejemplo de “persecución política” y “abuso judicial”. Ayer, un grupo de manifestantes se concentró frente a los Tribunales para reclamar la liberación de Abaigar.
Horas después de su detención, la jueza Arroyo Salgado también ordenó el arresto de su madre, Eva Pietravallo (69), y de Daniel Protti (33), mecánico de la funcionaria, quienes fueron liberados tras declarar. Ambos estaban vinculados al auto utilizado durante la protesta frente a la casa de Espert.
En la causa, los hechos fueron calificados como amenazas agravadas, atentado contra el orden público (artículo 213 bis del Código Penal) y actos discriminatorios por motivos políticos (Ley 23.592). Además, la fiscalía investiga la presunta existencia de una “asociación transitoria destinada a imponer ideas por la fuerza”.
Para Llermanos, este encuadre “equipara una manifestación callejera a un delito contra el orden público, lo que sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión”. El abogado anunció que apeló el fallo y ahora la Sala II de la Cámara Federal de San Martín deberá definir si mantiene la detención y el alojamiento en Ezeiza.
Desde el Centro de Estudios Arturo Sampay también repudiaron la resolución de Arroyo Salgado al considerar que avanza en la “judicialización de la protesta social” y limita derechos fundamentales como el de peticionar y manifestarse. Mientras tanto, en redes sociales se multiplican las críticas y también las celebraciones por la detención. El streamer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, expresó: “Estamos metiendo a todos los kukas en cana”, en un mensaje que generó polémica.