
Mientras el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro —referente local de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza— despliega su gestión con medidas de impacto simbólico como la persecución a personas en situación de calle o la prohibición de caños de escape en motos, el entramado productivo de la ciudad muestra señales alarmantes de colapso. En el último año, nueve fábricas vinculadas al reproceso de productos pesqueros bajaron sus persianas, arrastrando consigo cerca de 400 puestos de trabajo y golpeando de lleno a los barrios portuarios.
Así lo confirmó Giuliano Falconnat, consultor especializado en puertos y pesca y consejero directivo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Mar del Plata, en diálogo con Provincia Noticias. El especialista advirtió que los puestos perdidos son de difícil reemplazo debido a la especificidad de los oficios —como fileteros, despinadoras, envasadoras o peones portuarios— y que la caída en la actividad repercute también en el consumo y en la estabilidad económica de los alrededores.
“Para revertir esta situación es urgente que el sector pesquero recupere competitividad. La misma ha sido socavada por el atraso cambiario, la presión impositiva y el derrumbe de precios en el mercado internacional”, sostuvo Falconnat. Entre las medidas inmediatas que propone el especialista se encuentran la eliminación de retenciones (que actualmente oscilan entre el 1% y el 9% según el producto), la reducción del Derecho Único de Extracción y la implementación de subsidios al combustible, vitales para abaratar la salida de la flota pesquera.
Falconnat también apuntó a la necesidad de flexibilizar las categorizaciones laborales dentro de las fábricas, señalando que “el escenario cambiante obliga a las empresas a reinventarse, pero eso es inviable si las relaciones entre empresarios y gremios siguen siendo rígidas y tensas”.
Langostino importado: ¿el golpe final a la industria pesquera nacional?
El deterioro del sector no se limita a Mar del Plata. A nivel nacional, la actividad extractiva enfrenta un conflicto sin precedentes entre cámaras empresariales y gremios. La raíz del conflicto está en el rechazo sindical a la propuesta patronal de reducir un 30% el pago por productividad a los marineros, en un contexto en el que el precio internacional del langostino cayó drásticamente, pero los convenios colectivos —vigentes desde 2005— mantienen valores anclados en otros tiempos.
La respuesta de las grandes empresas pesqueras fue rotunda: importarán 80.000 toneladas de langostino ecuatoriano vannamei para cumplir con compromisos de exportación con destinos clave como España, China, Francia, Portugal e Italia. La cifra cuadruplica el total importado en todo 2024 desde ese país, marcando un récord sin antecedentes y una señal clara de cómo la crisis interna está empujando a depender del abastecimiento extranjero.
“Actualmente, pescar en Argentina cuesta 6,50 dólares por kilo, pero el producto se exporta a 5,50 dólares. En cambio, importar langostino desde Ecuador cuesta 4 dólares, lo que vuelve viable el negocio”, explicaron representantes del sector en un encuentro con la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP). Esta ecuación pone en riesgo la continuidad de más de 20.000 puestos de trabajo en la industria local, según alertó el presidente de la FULASP, Raúl Cereseto.
En este escenario de “presente desolador”, como lo define Falconnat, lo que se necesita —advierte— no son solo encuentros protocolares con autoridades que “han demostrado nulo conocimiento y voluntad”, sino una estrategia nacional consensuada entre cámaras empresarias, sindicatos y profesionales del sector pesquero.