Reforma policial por decreto: denuncian avance autoritario y riesgos a las libertades civiles

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 383/2025, una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) que ya genera fuerte rechazo entre sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ampliación de facultades policiales sin control judicial y la posible violación de garantías constitucionales fundamentales.

La medida —firmada por el presidente Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— introduce una serie de cambios estructurales en la ley orgánica de la PFA, reorientando su misión hacia la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, inspirada en el modelo del FBI estadounidense. En ese marco, se creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que será el “corazón” de la nueva PFA y estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Críticas del CELS y advertencias legales
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que la reforma habilita tareas de inteligencia, requisas y detenciones sin orden judicial, lo que pone en riesgo derechos individuales y colectivos. Para el organismo, la redacción ambigua del decreto permite criminalizar organizaciones sociales, reprimir protestas y desplegar ciberpatrullajes masivos en redes sociales con fines de control ideológico.

Además, el CELS cuestionó que la reforma haya sido realizada por decreto y sin debate parlamentario, pese a que modifica objetivos y funciones sustanciales de la fuerza, lo que excede las facultades delegadas por la Ley Bases.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó la medida como “nula de nulidad absoluta” y advirtió que el Ejecutivo no está facultado para dictar normas que restrinjan derechos fundamentales, mucho menos mediante un decreto delegado. “Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado para establecer funciones de la policía sobre derechos de las personas es una declaración de identidad autoritaria”, sentenció.

Espionaje sin ley y nuevo paradigma de seguridad
Una de las modificaciones más polémicas es la incorporación de la noción de “seguridad del Estado”, ausente en la actual Ley de Seguridad Interior, y que desplaza el paradigma de seguridad ciudadana que rigió desde la recuperación democrática. Esto abre la puerta a un enfoque que habilita intervenciones preventivas con criterios vagos y discrecionales.

Entre las nuevas facultades asignadas a la PFA se encuentran:

• Detención de personas sin orden judicial.
• Ciberpatrullaje e inteligencia sobre fuentes abiertas (redes sociales, sitios web).
• Requisas en “operativos de prevención” sin definición legal precisa.

Intervención en múltiples jurisdicciones del país, incluso sin requerimiento localLa legisladora porteña Claudia Neira denunció que el nuevo estatuto policial “se autoexceptúa de cumplir con la Ley de Inteligencia Nacional” y habilita tareas de vigilancia sobre militantes políticos, sindicalistas y periodistas, lo cual está expresamente prohibido por esa normativa.

Rechazo político: “Persecución por opinar distinto”
El rechazo parlamentario fue inmediato. El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que el decreto “habilita detenciones arbitrarias y persecución al pensamiento crítico”. Para la diputada Margarita Stolbizer, la reforma “no representa ni orden ni libertad, sino una vuelta al autoritarismo”, mientras que Nicolás del Caño alertó que se busca instalar un “régimen cuasi policial” ante el desgaste del plan económico.

Incluso entre sectores no alineados con el kirchnerismo crece la preocupación por la erosión de las libertades individuales. “Esto no es lo que votaron millones de argentinos. La República no puede convivir con miedo a ser detenido por opinar distinto”, sostuvo Stolbizer.

Un modelo con aspiraciones internacionales, pero sin consenso
Desde el Gobierno se defendió la medida asegurando que busca dotar al Estado de capacidad técnica acorde a los desafíos del crimen organizado, siguiendo “los estándares del FBI y otras agencias de primer nivel”. Se anunció una modernización integral de la fuerza, con incorporación de tecnología, nuevo sistema de ingreso profesionalizado y reorganización estructural.

Sin embargo, para el CELS y otros referentes, esta supuesta modernización es una fachada para ampliar el control social y suprimir derechos. La falta de control legislativo y judicial, sumada al contexto de conflictividad social creciente, convierte a esta reforma en un punto de inflexión en materia de seguridad y derechos humanos.

La disputa recién comienza, y ya se anuncian acciones judiciales para frenar una medida que, para amplios sectores, desconoce los límites del poder en una democracia constitucional.