Milei y Bullrich lanzan su “FBI argentino”: más poderes para la PFA y fuerte polémica

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentarán este martes 17 de junio una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) con el objetivo de reconvertirla en una fuerza de investigación al estilo del FBI estadounidense. El acto, previsto para las 14:15 en la sede de la Policía Montada del barrio porteño de Palermo, reunirá a legisladores, funcionarios y autoridades de seguridad.

El plan, titulado “Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación”, busca modificar en profundidad la Ley Orgánica de la fuerza (Ley 21.965) para concentrarse en delitos federales y complejos como narcotráfico, trata de personas y crimen organizado. Entre las medidas destacadas, se anuncia la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y una reestructuración interna con proyección de crecimiento hacia el interior del país.

Sin embargo, lo que más alarma a sectores políticos, judiciales y de derechos humanos son las nuevas facultades que se otorgan a la PFA: la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial, tareas de inteligencia criminal sin autorización y el monitoreo de redes sociales sin supervisión previa del Poder Judicial.

Según la letra del decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, la Policía podrá detener preventivamente a cualquier persona “si existiesen circunstancias fundadas” de que haya cometido o pueda cometer un delito, y no pueda acreditar su identidad. La ambigüedad de esta cláusula, que permitiría detenciones arbitrarias, fue señalada incluso por fuentes internas de las fuerzas de seguridad como “preocupante y excesiva”.

Además, la medida incluye el llamado “ciberpatrullaje”, que permite a la PFA recorrer “espacios públicos digitales” como redes sociales y páginas web. Aunque se aclara que esto se hará bajo autorización judicial y en resguardo de la privacidad, organizaciones advierten que puede abrir la puerta a prácticas de vigilancia masiva.

El Gobierno justifica la reforma con el argumento de modernizar y agilizar la capacidad investigativa de la fuerza. “Queremos una policía más eficiente, con personal altamente capacitado y orientada a su misión principal”, expresó Bullrich al presentar el plan, que también incluye la actualización del régimen de ingreso y formación: se priorizará el ingreso de graduados universitarios para fortalecer el capital humano de la institución.

En paralelo, se busca desprender a la PFA de funciones de seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiriéndolas a la Policía de la Ciudad.

La medida ya generó tensiones dentro del propio ámbito policial, donde jefes de otras fuerzas como Gendarmería y Prefectura ven con recelo el crecimiento del poder de la Federal. A su vez, sectores del arco político y de organismos de derechos humanos advierten sobre el riesgo de un uso discrecional de la fuerza sin los debidos controles judiciales.

Si bien se trata de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), no se descarta que el Gobierno intente avanzar con respaldo legislativo para blindar la iniciativa. Aun así, la reforma llega en un contexto de alta sensibilidad social, tras episodios recientes de represión en manifestaciones y con el debate sobre los límites del poder policial más vigente que nunca.

Mientras tanto, el proyecto se inscribe en una línea de endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por Bullrich desde el inicio de su gestión, y que en esta oportunidad aspira a dejar su marca institucional: un modelo policial centralizado, con mayor autonomía operativa y bajo un paradigma más cercano al de agencias de inteligencia que al de fuerzas de prevención del delito.