El Salado y el alto costo de la inacción: una deuda estructural con la cuenca más productiva del país

A 25 años de la presentación del Plan Maestro del Río Salado, la mitad de las obras continúa inconclusa, pese a tratarse de una de las regiones más estratégicas del país en términos económicos y productivos. La cuenca, que abarca 17 millones de hectáreas y concentra el 75% del stock vacuno de la provincia de Buenos Aires, más del 70% de su producción de granos y más del 20% de la leche nacional, sigue expuesta a inundaciones y sequías cíclicas que podrían ser mitigadas si se completara la infraestructura prevista.

El documento elaborado por CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y la información técnica disponible revelan una paradoja inadmisible: mientras que el costo actualizado del plan ronda los USD 4.000 millones, las pérdidas acumuladas por eventos climáticos y la falta de obras superan los USD 5.000 millones. A esto se suma la recaudación fiscal generada por la región —solo en derechos de exportación— que supera los USD 35.000 millones. Es decir, la cuenca no solo ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando, sino que continúa pagando las consecuencias económicas y sociales de una inacción sistemática.

Un plan viable, una ejecución fallida
El Plan Maestro fue concebido en 1999 con financiamiento del Banco Mundial y diseñado por la consultora Halcrow & Partners. Se propuso como una estrategia integral para reducir el impacto de fenómenos hídricos extremos, mejorar la sustentabilidad productiva y establecer un marco de gobernanza eficiente del recurso hídrico. El cronograma original preveía su ejecución en 10 años y su finalización en 15. Sin embargo, en 2025, apenas poco más del 50% de las obras están concluidas.

Según el detalle de CARBAP,los retrasos no son menores: la inestabilidad política y la desarticulación institucional han dejado a la región a merced del clima. Solo este año, tres eventos climáticos severos afectaron más de 2 millones de hectáreas. Los daños incluyen la pérdida de cultivos de girasol, maíz y soja, así como el deterioro de infraestructura y el riesgo de abandono de tierras productivas.

El tramo 4-2, símbolo de un cuello de botella
Uno de los casos más paradigmáticos es el del tramo 4-2, comprendido entre Las Flores y Bragado. Aunque los tramos anteriores y posteriores fueron completados, este sector quedó paralizado tras el retiro del financiamiento nacional. El resultado: un "cuello de botella" que impide el escurrimiento del agua, generando desbordes e inundaciones que arrasan con campos enteros. En contraste, la zona este, donde las obras están más avanzadas, muestra signos de recuperación y resiliencia, reafirmando la eficacia del plan cuando se ejecuta.

También permanecen pendientes obras críticas como el Nodo Bragado, los canales hacia el oeste bonaerense —la región más afectada por los últimos eventos— y la readecuación de los arroyos Vallimanca y Saladillo, donde hace más de 30 años se conoce la necesidad de intervención sin avances significativos.

Una deuda con nombre y apellido: el reservorio Hinojo-Las Tunas
A la inacción actual que denuncian, se suma una deuda histórica: desde la década de 1980, las lagunas Hinojo-Las Tunas funcionan como un reservorio “de hecho” que inunda tierras privadas. Lo que comenzó como una medida de emergencia ante las lluvias extraordinarias de 1987 terminó afectando más de 50.000 hectáreas. Décadas después, los reclamos de los productores afectados siguen sin resolución.

CARBAP sostiene que el caso del Río Salado es un ejemplo paradigmático del alto costo de no hacer. El deterioro ambiental, el desarraigo rural y la pérdida de capital agrícola ya no pueden considerarse consecuencias colaterales. Son síntomas de una crisis de gestión y de falta de voluntad política. Si se consideran las pérdidas productivas y los aportes fiscales no reinvertidos, el país ha perdido más de USD 40.000 millones por no completar una obra que está diseñada, parcialmente ejecutada y cuyos beneficios están probados.

En ese marco, desde la entidad del campo bonaerenses realizaron un llamado a toda la dirigencia política —sin distinción partidaria ni de niveles de gobierno— para que asuma la urgencia del desafío. No hay argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen más demoras. Completar el Plan Maestro no es solo una cuestión de justicia para una región que ha financiado su propia solución: es una inversión estratégica nacional.