Piden respuestas sobre el agua potable en PBA

El diputado bonaerense Fabián Luayza, representante de Unión, Renovación y Fe, presentó un proyecto en la Cámara baja que exige al Gobierno de Axel Kicillof brindar detalles precisos sobre el estado del agua en la provincia. La iniciativa, que se suma a otros proyectos legislativos presentados en el 2025, apuesta por una “radiografía precisa” de la situación del recurso y por identificar las zonas de mayor riesgo sanitario.

Derecho Humano y Salud Pública en Juego
Luayza enfatizó en los fundamentos del proyecto que “el acceso al agua potable es un derecho humano esencial”. El legislador advirtió que la vulneración de este derecho puede poner en riesgo la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes, quienes podrían sufrir las consecuencias de la exposición a contaminantes. Según los datos citados en el escrito, más de siete millones de personas en la provincia carecerían de acceso seguro a este recurso vital.

Entre los peligros que señala se destacan los efectos adversos del arsénico y los nitratos. La exposición prolongada al arsénico se relaciona con casos de hidroarsenicismo crónico, lesiones cutáneas y diversos tipos de cáncer. Por su parte, los nitratos representan un riesgo particular para los más pequeños, ya que pueden provocar el denominado “síndrome del bebé azul”, una grave afección hematológica.

Exigencias al Gobierno: Transparencia y Control
El proyecto legislativo pide información detallada sobre los controles de la red de distribución de agua, la existencia de registros sistemáticos de calidad del agua y la identificación de regiones que se encuentran en riesgo sanitario. Asimismo, se cuestiona la falta de campañas de concientización y educación dirigidas a promover prácticas seguras de consumo, especialmente en áreas donde las infraestructuras son deficientes o han quedado obsoletas.

El diputado también hizo referencia a normativas internacionales: citó la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Observación General N.º 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, documentos que reafirman que el agua debe ser “salubre, aceptable y asequible” para todos.

El llamado de atención se produce en un contexto de creciente preocupación por la calidad del agua en distintas regiones de la provincia. En el distrito de 9 de Julio, el Concejo Deliberante, encabezado por la intendenta del PRO, María José Gentile, declaró la emergencia hídrica tras detectar niveles de arsénico muy superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estudios independientes, como los realizados por 'Conciencia Agroecológica' y el ITBA, han evidenciado concentraciones de arsénico en algunos sectores que oscilan entre 30 y 360 partes por billón, muy por encima del límite de 10 partes por billón recomendado por la OMS.

La polémica se extiende también a otros episodios recientes, como el caso del arroyo Sarandí en Avellaneda, cuyas aguas se tiñeron de rojo. En esa situación, la diputada radical Viviana Dirolli presentó una solicitud para conocer las causas de la presencia de anilina, una sustancia tóxica derivada del uso industrial en tintes y herbicidas, y determinar si dicho fenómeno conlleva riesgos sanitarios o ambientales.

La propuesta de Luayza no ha pasado desapercibida en el ámbito legislativo. Desde la oposición bonaerense se han sumado demandas para que el Gobierno de Kicillof no solo aclare la situación actual del agua, sino que también facilite un cronograma electoral completo, evitando especulaciones. Asimismo, el Consejo de Químicos bonaerenses ha manifestado su descontento por la ausencia de normativas estrictas frente al fenómeno del “agua roja” en el arroyo Sarandí, haciendo eco de la necesidad de implementar medidas urgentes y sostenibles.

Luayza por su parte, insistió en que el compromiso estatal con la salud pública y el medio ambiente debe traducirse en acciones concretas y en una mayor transparencia de la gestión del agua. La demanda de información es un primer paso para detectar las zonas más vulnerables y para instar al Ejecutivo bonaerense a revisar y fortalecer los mecanismos de control y prevención, garantizando así el acceso seguro a este recurso esencial para toda la población.