Una bala, un niño y una ministra sin filtros

La muerte de Thiago Correa, el niño de 7 años que fue alcanzado por una bala mientras esperaba el colectivo con su padre en Ciudad Evita, La Matanza, volvió a sacudir a la sociedad y encendió una disputa política sobre los límites del accionar policial en contextos de inseguridad. 

Thiago falleció en el Hospital de Niños de San Justo, tras haber permanecido internado en estado crítico. Según las primeras informaciones, el disparo que lo hirió provino del arma del oficial de la Policía Federal Facundo Daniel Aguilar Fajardo, quien intentaba repeler un asalto por parte de una banda de delincuentes. La Justicia lo imputó por “exceso en la legítima defensa” y ordenó su detención, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en un tono alejado de la confrontación, se refirió al hecho como “una tragedia irreparable que nos llena de dolor”. Desde sus redes sociales expresó sus condolencias a la familia y pidió el pronto esclarecimiento de lo sucedido. También apuntó a una responsabilidad estructural más amplia: “Seguiremos implementando acciones y políticas que protejan un tejido social profundamente golpeado. No hay magia ni frases marketineras que resuelvan problemas tan complejos y profundos”, afirmó.

El mensaje del mandatario bonaerense destacó además el compromiso de “aumentar la inversión, la presencia del Estado y el compromiso cotidiano” para que la población “pueda vivir en paz, sin miedo y sin violencia”. Kicillof trazó así una línea entre el hecho puntual y las condiciones estructurales que lo hacen posible: la inseguridad, la pobreza y la fragmentación social.

En contraposición, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respondió con una defensa cerrada al accionar del policía involucrado y responsabilizó directamente a los delincuentes. “Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua”, declaró la funcionaria, quien además anunció que el Ministerio se presentará en la causa para solicitar que se modifique la carátula del expediente a “legítima defensa”.

Bullrich afirmó que el Gobierno nacional pedirá que los asaltantes sean imputados por la bala que hirió a Thiago, trasladando así la responsabilidad penal por el disparo del agente a quienes perpetraron el intento de robo. La funcionaria sostuvo que “la acción de los delincuentes no solo es robo, sino tentativa de homicidio”, y en su mirada no hay dudas sobre la legitimidad de los disparos efectuados por Aguilar Fajardo.

Las declaraciones cruzadas de Kicillof y Bullrich evidencian dos enfoques profundamente distintos frente al problema de la seguridad: mientras el gobernador pone el acento en una reconstrucción social y en un abordaje integral, desde el Gobierno nacional se refuerza la lógica de la defensa policial inmediata y sin medias tintas, incluso a costa de inocentes.

En medio del dolor de una familia destrozada y de una comunidad conmocionada, la muerte de Thiago expone los límites y consecuencias de las intervenciones armadas en espacios urbanos poblados. También plantea preguntas urgentes: ¿cuáles son los protocolos de uso de armas en zonas densamente habitadas? ¿Está capacitada la policía para actuar bajo presión sin poner en riesgo a terceros? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado cuando un niño muere por una bala policial?