
Argumentando la profunda preocupación de los bonaerenses sobre la inseguridad, el senador Marcelo Daletto junto a su par Marcelo Leguizamón Brown presentó un proyecto de ley que propone la creación del “Plan de Gobernanza en Seguridad” para la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca brindar un marco institucional y jurídico que habilite a los municipios a formular, ejecutar y controlar políticas de seguridad desde una lógica local, participativa y articulada.
Gobernanza local con enfoque integral
Según se detalla en el proyecto, el objetivo central es permitir a los intendentes, como máximas autoridades ejecutivas municipales, asumir un rol activo en la planificación de la seguridad dentro de sus distritos, sin que esto implique superposición ni desplazamiento de competencias provinciales o federales. La propuesta destaca la necesidad de "ser más eficientes en el territorio", articulando las respuestas a través de una gobernanza que contemple tanto la cercanía con las problemáticas locales como la coordinación con las fuerzas de seguridad provinciales, el Poder Judicial y actores sociales.
En ese marco, Daletto sostuvo que “es fundamental establecer las bases de un Plan de Gobernanza en Seguridad voluntario para los Municipios de la Provincia” y enfatizó el papel del jefe comunal como “quien mejor conoce la realidad municipal”. En ese sentido, el proyecto prevé que los intendentes elaboren un plan al inicio de cada gestión, acompañado por su secretario de Seguridad, y lo presenten ante el Concejo Deliberante para su conocimiento y control.
Contenido y fundamentos del plan
La normativa propone un marco flexible pero metodológicamente riguroso: el plan deberá incluir un diagnóstico de problemáticas, metas generales y objetivos específicos, estrategias de implementación, actividades programadas, recursos necesarios y responsables de ejecución. Además, se establece una rendición de cuentas anual y un proceso formal de transición al finalizar cada mandato, con el fin de garantizar continuidad y transparencia.
En los fundamentos, los senadores señalan que la seguridad ciudadana debe entenderse como un bien público que no se limita a la reducción del delito, sino que implica la protección integral de los derechos humanos y la promoción de la convivencia democrática. El Plan de Gobernanza, en esta clave, se presenta como una herramienta que permite “empezar a desasnar un camino” para enfrentar las complejidades de la violencia urbana y el delito, especialmente en un territorio tan heterogéneo como el bonaerense.
Además, se reconoce que algunos municipios han desarrollado experiencias similares con buenos resultados, aunque muchas gestiones aún carecen de herramientas adecuadas. Por ello, el proyecto estipula que la autoridad de aplicación provincial elabore una guía metodológica común, que sirva como base técnica para todos los municipios que deseen adherir voluntariamente.
Participación y control
Otro de los aspectos del proyecto es el carácter participativo del modelo: se prevé la convocatoria de autoridades policiales, judiciales y del Ministerio Público tanto a nivel provincial como federal, para integrar el diseño e implementación del plan. Asimismo, se contemplan mecanismos de transparencia, acceso a la información pública, uso de tecnologías y recolección de datos para elaborar estadísticas confiables y mapas del delito.
El rol ciudadano también aparece como eje: se promueve la participación comunitaria en el control de la gestión, el fomento de la justicia comunitaria y la proximidad entre gobierno y vecinos. Esta lógica rompe con la idea de que la seguridad es un asunto exclusivamente policial y la transforma en un desafío transversal y colectivo.
Un modelo con visión de largo plazo
Otro de los aspectos valorables del proyecto es su intención de constituirse en una política pública sostenida más allá de los ciclos electorales. Se busca consolidar una línea de trabajo estable, técnica y con vocación de permanencia, que supere la improvisación o las respuestas aisladas y fragmentarias que muchas veces caracterizan a las gestiones locales en materia de seguridad.
En palabras del proyecto: “Lo que buscamos es un punto de partida de un modelo de evaluación y seguimiento moderno y técnico; aumentando la capacidad de gobernanza de la seguridad y creando un margen de acción mayor para los gobiernos locales”.