sábado 21 de junio de 2025
- Edición Nº2390

País

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A 10 años de Ni Una Menos: la lucha sigue frente al ajuste y el negacionismo estatal

La consigna que marcó un antes y un después en la lucha contra los femicidios y la violencia machista sigue vigente. El movimiento feminista denuncia el desmantelamiento de políticas públicas por parte del gobierno de Javier Milei, en un contexto donde los femicidios no cesan.



El 3 de junio de 2015, un grito colectivo atravesó las calles de Argentina y marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género: “Ni Una Menos”. Lo que comenzó como una respuesta al femicidio de Chiara Páez —una adolescente de 14 años asesinada por su pareja en Santa Fe— se convirtió en un movimiento transversal, masivo y sostenido, que supo interpelar a la sociedad entera y conquistar derechos que hoy están bajo amenaza.

Una década después, la conmemoración de los 10 años de Ni Una Menos llega en un contexto alarmante. A pesar de los avances institucionales conquistados por la lucha feminista, la gestión de Javier Milei ha emprendido una sistemática destrucción de políticas públicas que tenían por objeto atender, prevenir y erradicar la violencia de género. El desfinanciamiento, la disolución de organismos específicos y el vaciamiento ideológico del Estado en materia de género configuran un retroceso histórico de enorme gravedad.

La conquista de derechos
Desde 2015 hasta aquí, el movimiento feminista argentino logró plasmar en políticas públicas muchas de sus demandas: la creación del registro oficial de femicidios, el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, la sanción de la Ley Micaela, el Programa Acompañar, fiscalías especializadas en todo el país, y la conquista histórica de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Estas iniciativas no solo evidencian el impacto del movimiento en el Estado, sino también su capacidad de organizarse colectivamente para transformar realidades.

La Línea 144, creada en 2013 pero potenciada tras Ni Una Menos, atendió en promedio 125.000 consultas por año, siendo una herramienta clave para el acompañamiento de víctimas. Todo este entramado, sin embargo, comenzó a desmoronarse a partir de diciembre de 2023.

Retrocesos institucionales y discursos negacionistas
A seis meses de iniciada la presidencia de Javier Milei, el panorama de las políticas de género es desolador. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue eliminado; la Línea 144 fue convertida en un número genérico para cualquier situación de violencia; se redujo sustancialmente el presupuesto para el Programa Acompañar; y se eliminaron 13 programas clave del exministerio, incluyendo los dirigidos a personas travestis, transexuales y transgénero.

Como si fuera poco, el gobierno ha manifestado su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, bajo el argumento de que “la violencia no tiene género”. Esta postura, además de ir contra toda la evidencia estadística y normativa internacional, desmantela la base misma del reconocimiento de la violencia machista como fenómeno estructural.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió al respecto: “Se han logrado avances históricos, pero también enfrentamos retrocesos alarmantes. En un contexto de discursos negacionistas y desmantelamiento de políticas públicas, necesitamos la misma fuerza de 2015 para defender lo logrado y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones”.

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Los datos que no pueden negarse
La realidad es contundente. Según el Observatorio de MuMaLá, desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, se registraron 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Es decir, una persona fue asesinada cada 33 horas por razones de género. El 86% de los casos fueron femicidios directos, y el 64% ocurrió en el hogar de la víctima. Más del 67% de los femicidas eran pareja o expareja, y el 9% pertenecía a fuerzas de seguridad.

Tan solo en lo que va de 2025, organizaciones de la sociedad civil reportan 100 femicidios. La justicia, mientras tanto, sigue siendo lenta, insensible y revictimizante. Solo el 17% de las víctimas había hecho una denuncia previa, lo que refleja el miedo, la desconfianza y la falta de acceso a un sistema protector real.

Repercusiones políticas: entre el compromiso y la indiferencia
En este contexto, distintas voces del arco político se pronunciaron con motivo del décimo aniversario de Ni Una Menos, aunque con marcadas diferencias según el posicionamiento ideológico.

Desde la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, reivindicó la movilización como un hito que “hoy desde el Gobierno nacional pretenden negar”, y aseguró que el territorio bonaerense será “escudo y red” para sostener las políticas de género y garantizar los derechos de mujeres y disidencias.

 

 

La diputada bonaerense Susana H. González también expresó su respaldo: “Ese grito se convirtió en movimiento, en leyes, en organización colectiva. Hoy, una década después, seguimos luchando por una vida libre de violencias, por igualdad real y por justicia social con perspectiva de género”.

 

 

El Partido Justicialista se sumó a los actos con un comunicado contundente que afirma: “La deuda es con nosotras”

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El Senador Nacional radical Maximiliano Abad llamó a "no acostumbrarse a la violencia ni tolerar la indiferencia"

 

En tanto, el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López resaltó la importancia de la transversalización de la perspectiva de género

 

En la misma línea se refirió la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario:

 

"La libertad no es volver al pasado", fustigó la referente de la Coalición Cívica, Lilita Carrió:

 

 

 

Del otro lado, el silencio o la negación. Desde el oficialismo libertario no hubo pronunciamientos institucionales que reconocieran los 10 años del movimiento. La negación del enfoque de género, sostenida desde el discurso presidencial y replicada por funcionarios, refuerza el retroceso. La eliminación de programas no fue acompañada por estrategias alternativas: fue, simplemente, un acto de desmantelamiento.

Una lucha vigente y urgente
El reclamo de Ni Una Menos no es una consigna del pasado. Sigue siendo un grito urgente. En un país donde una mujer o persona LGBTI+ es asesinada cada día y medio, donde las niñas y adolescentes crecen en hogares violentos, y donde el Estado comienza a desentenderse de su responsabilidad, el feminismo vuelve a ocupar las calles.

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Organizaciones como MuMaLá exigen la declaración de la Emergencia Nacional por Violencia de Género, una medida que permitiría reinstaurar recursos, políticas y mecanismos de asistencia adecuados. Exigen también que el Estado cumpla con los compromisos asumidos en convenios internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.

Como dijo Amnistía Internacional: “No hay democracia posible con violencia machista”. La vigencia de Ni Una Menos no solo se mide por la cantidad de pancartas que hoy salgan a la calle, sino por la capacidad colectiva de no permitir que el Estado dé un paso atrás. Porque, como se dijo hace 10 años y se repite hoy, queremos a todas vivas, libres y con derechos.

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