Imputaron a Mario Lugones por irregularidades en el Hospital Garrahan

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan. La causa, que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, se inició a partir de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada Marcela Campagnoli.

Según la denuncia, Lugones habría solicitado —con aval de sus superiores— la renuncia de todo el Consejo Directivo del hospital pediátrico “de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente”. Las legisladoras acusan al funcionario de avanzar sobre la institucionalidad del centro de salud de alta complejidad, uno de los más importantes del país, sin respetar los procedimientos legales.

La imputación se da en un contexto de fuerte conflicto interno en el hospital, con trabajadores en pie de lucha por mejoras salariales y condiciones laborales. La crisis se intensificó la semana pasada tras el anuncio unilateral del Ministerio de Salud sobre un aumento para los médicos residentes, que pasarían a cobrar $1.300.000 a partir del 1° de julio.

Sin embargo, desde el personal del hospital advirtieron que el incremento sólo alcanza a una ínfima parte de los trabajadores. “El anuncio excluye a más del 90% de las personas que trabajamos en el Garrahan, de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”, señalaron desde los gremios, que convocaron a una asamblea general para este martes a las 13 para definir posibles paros y medidas de fuerza.

En medio de la crisis, el ministro Lugones rompió el silencio y defendió su gestión. "Los recursos no deben destinarse a la militancia rentada, sino al personal de salud", afirmó, alineándose con los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni, quien días atrás había cuestionado la estructura administrativa del hospital señalando que cuenta con “66% de empleados administrativos y 34% de médicos”.

Desde el hospital alertan que las medidas del gobierno apuntan a desarticular la organización interna del personal y debilitar las estructuras de cogobierno. Mientras tanto, el conflicto se profundiza y la imputación judicial pone un nuevo foco de tensión sobre la administración sanitaria nacional.