
En la víspera del décimo aniversario del movimiento "Ni Una Menos", la diputada de la UCR Belén Malaisi presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para expresar el repudio a todo tipo de violencia por motivos de género y reafirmar el compromiso del cuerpo legislativo con la erradicación de estas prácticas.
El proyecto, que será tratado durante esta semana del 3 de junio, tiene como objetivo conmemorar una década desde la histórica movilización del 3 de junio de 2015, cuando miles de personas salieron a las calles en todo el país para exigir el fin de los femicidios y de todas las formas de violencia hacia las mujeres y diversidades.
En los fundamentos, Malaisi destaca que "la violencia por razones de género constituye una violación de los derechos humanos" y que, a pesar del paso del tiempo y de los avances normativos, persiste como una problemática urgente. "El femicidio representa la expresión más extrema de un entramado de violencias naturalizadas", advierte la legisladora.
Además, el proyecto busca visibilizar el trabajo de organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos que han sostenido esta lucha en todo el país y especialmente en la provincia. En ese sentido, Malaisi subraya la importancia del rol del Estado en la prevención, sanción y erradicación de estas violencias, de acuerdo con los compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales y en leyes nacionales como la Ley 26.485.
"Desde el ámbito legislativo, reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa e igualitaria, donde la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres y diversidades sean garantizados", sostiene el texto.
El proyecto también hace un llamado a la reflexión sobre los retrocesos que podrían producirse ante el desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género. “Ni Una Menos no es solo una consigna: es un reclamo permanente por justicia, por igualdad y por vidas libres de violencia”, concluye Malaisi.
La presentación de este proyecto se da en un contexto de creciente preocupación por los índices de violencia de género en el país, donde cada 35 horas una mujer es asesinada, y en medio de debates nacionales sobre la continuidad o el recorte de organismos clave en la protección de derechos.