Boleta única, negocio único: el cambio electoral que podría traducirse en un millonario negocio para Clarín, Boldt y Su Papel

La implementación de la boleta única de papel en las elecciones legislativas de octubre, promovida por el Gobierno de Javier Milei bajo la promesa de transparencia y eficiencia, no solo supone una transformación en la forma de votar, sino también la apertura de un negocio multimillonario que ya comienza a generar controversias. Con un pliego de licitación hecho a medida, el nuevo esquema podría beneficiar de manera directa a tres empresas con experiencia en el rubro: Boldt, Su Papel y Artes Gráficas del Litoral, esta última propiedad del Grupo Clarín.

El Gobierno prevé lanzar la licitación en la primera quincena de junio. La condición que más peso tiene en la definición es que las firmas postulantes cuenten con antecedentes comprobados en la impresión de boletas únicas. Este requisito, lejos de abrir el juego a nuevos actores, estrecha el margen de competencia y favorece a las empresas que ya dominan este segmento en Santa Fe, la única provincia donde el sistema se aplica desde hace años.

En los hechos, esto coloca a Boldt, Su Papel y Artes Gráficas del Litoral como principales candidatas para quedarse con un contrato millonario, que podría superar los $10 mil millones. Aunque se proyecta dividir la adjudicación entre dos o tres proveedores —para evitar cuellos de botella logísticos—, el beneficio se concentra en este círculo cerrado de empresas. La licitación será coordinada por Correo Argentino, encargado además de la distribución y logística del material electoral.

Un negocio previsible
El nuevo esquema de boleta única implica un gasto adicional, pero el Ejecutivo sostiene que representará un ahorro en comparación con el sistema anterior. En 2023, entre las PASO, las generales y el ballotage, el Estado transfirió a los partidos más de $16 mil millones para imprimir una boleta por cada elector. Con el nuevo método, aseguran en la Casa Rosada, el costo se reduciría en al menos un 25%, ya que se imprimirá un número acotado de boletas por mesa electoral.

No obstante, el costo total del operativo ascendería a casi $40 mil millones, sumando el contrato general con el Correo, que ya recibió $24 mil millones en 2023, actualizado por inflación, y los nuevos costos de impresión. Esto relativiza el discurso del ahorro que el gobierno exhibe como bandera, y pone en foco las condiciones del nuevo negocio electoral.

Jugadores con historia
Las empresas que encabezan la lista de beneficiarias no son ajenas a los vínculos con el poder. Boldt, históricamente asociada al negocio del juego, también ha participado en el manejo de sistemas de escrutinio provisorio. En tanto, Artes Gráficas del Litoral, del Grupo Clarín, extiende así su influencia desde los medios hacia la infraestructura electoral. Por su parte, Su Papel, ubicada en Pilar, también imprime boletas en Santa Fe y mantiene vínculos con sectores políticos provinciales.

La combinación de requisitos específicos, tiempos ajustados y antecedentes técnicos termina por blindar el acceso a este negocio a un puñado de actores, en un proceso donde la transparencia parece circunscribirse al acto de votar, pero no a la cadena económica que lo sostiene.

¿Cambio o continuidad?
Lo que el Gobierno presenta como un salto de calidad institucional en realidad plantea dudas sobre la concentración del negocio electoral y la falta de apertura a nuevos proveedores. Si bien la boleta única puede representar un avance en materia de simplificación del voto y reducción de prácticas clientelares, su implementación revela una contradicción entre el discurso de competencia y el favoritismo implícito en los pliegos licitatorios.

El modelo santafesino, replicado ahora a nivel nacional, no solo exporta una forma de votar, sino también una forma de hacer negocios. En un contexto de ajuste generalizado, donde se recortan partidas sociales, educativas y de salud, la adjudicación de un contrato de estas dimensiones —con posibles beneficiarios alineados al poder mediático y económico— deja al descubierto el doble estándar en el manejo de los fondos públicos.

El proceso de licitación será una prueba no solo para el nuevo sistema de votación, sino para la credibilidad del discurso libertario. La promesa de eficiencia y transparencia se enfrenta ahora con los intereses de los mismos actores que, una vez más, parecen estar en el lugar justo, en el momento indicado.