General Madariaga denunció a PAMI por el traslado compulsivo de afiliados a una clínica privada

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, presentó una denuncia penal contra autoridades del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) por el traslado compulsivo y sin justificación de más de 3.000 afiliados del Hospital Municipal al Instituto Médico Madariaguense, una clínica privada de esa localidad bonaerense. La denuncia fue radicada el pasado 19 de mayo, y este viernes Santoro viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ampliar la presentación ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito del INSSJP (UFI-PAMI).

En su viaje a CABA, el jefe comunal radical estuvo acompañado por el secretario de Salud del municipio, Amadeo Echeverría; el responsable de Facturación del Hospital, Gonzalo Costa; y el asesor legal externo, Leandro Alonso. En el encuentro con el funcionario fiscal Javier Arzubi Calvo, los representantes municipales detallaron las irregularidades detectadas desde 2021, fecha en la que comenzó el desvío de cápitas del hospital público hacia el prestador privado.

Según la denuncia, el traspaso fue realizado “de manera arbitraria, injustificada y sin previo aviso”, lo cual no solo habría perjudicado la salud de los afiliados, sino también afectado gravemente las finanzas municipales. “Esto se evidencia por el aumento porcentual de internaciones en nuestro hospital, aun cuando se tiene menos de una tercera parte de la cápita total”, señalaron.

El municipio asegura que este accionar se repitió en diciembre de 2024 y nuevamente en abril de este año. En todos los casos, sostienen que se vulneró el derecho de los afiliados a elegir su centro de atención, un principio elemental de libertad ciudadana. “El INSSJP arremete contra la voluntad de los afiliados de General Madariaga”, denuncia el escrito judicial.

Desde la comuna se indicó que la mayoría de los afiliados trasladados al Instituto Médico Madariaguense no presentan patologías graves, mientras que los casos más complejos siguen siendo atendidos en el hospital municipal. Esta supuesta segmentación de pacientes sugiere, según la denuncia, un posible beneficio económico para la clínica privada. “Lo llamativo de tal accionar es que los afiliados que requieren mayor complejidad de atención permanecen en la cápita del municipio, mientras que los de atención simple están en la clínica privada”, advirtieron. Este patrón, remarcan, podría configurar una asociación ilícita entre funcionarios de PAMI y el prestador privado.

Además, el municipio destacó que cada vez que se produjeron estas maniobras, los afiliados realizaron presentaciones, notas y largos trámites para volver a elegir el hospital público, dejando en evidencia su preferencia por el sistema de salud local.

General Madariaga se convirtió así en el primer municipio del país en llevar a la Justicia este tipo de maniobras contra la obra social de los jubilados. La causa quedó ahora en manos de la UFI-PAMI, que deberá investigar si existieron delitos en el accionar del organismo y si hubo connivencia con prestadores privados.