Langostino en jaque: la industria pesquera paralizada por pérdidas millonarias

Por primera vez en la historia, la temporada de pesca de langostino no comenzó en Mar del Plata. Aunque la actividad está formalmente habilitada en aguas nacionales, más de un centenar de buques congeladores continúan amarrados en distintos puertos del país debido a lo que las cámaras empresarias califican como una "crisis estructural" que torna inviable la continuidad del sector.

La situación afecta directamente a la economía de ciudades pesqueras clave como Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn. Desde el 17 de marzo, la flota congeladora —que habitualmente genera unos 600 millones de dólares anuales en divisas— permanece paralizada, generando una fuerte preocupación en toda la cadena productiva.

Las entidades que agrupan a las empresas del sector, como la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), advirtieron que el rubro enfrenta una amenaza a su sustentabilidad económica. En lo que va del año, la pesca generó exportaciones por 2.000 millones de dólares, representando casi el 4% de las ventas externas nacionales.

Los empresarios señalaron que, si bien el recurso langostino se mantiene en buen estado y con rendimientos aceptables, la actividad se ha vuelto insostenible desde el punto de vista financiero. A la caída de los precios internacionales —que en un año retrocedieron un 2,8% para el producto entero y un 5,6% para las colas— se suman costos internos crecientes y un convenio laboral que consideran desactualizado.

El conflicto se agrava por las condiciones del acuerdo colectivo que regula la actividad desde 2005, el cual establece un sistema de remuneración basado en un valor de referencia del langostino de 12 dólares por kilo. Actualmente, el precio ronda los 5,50 dólares, mientras el costo de producción se sitúa en 6,50. Según los empresarios, esto genera una pérdida de un dólar por cada kilo que se pesca, lo que vuelve inviable la operación.

En este contexto, las cámaras solicitaron al Gobierno nacional la convocatoria urgente a una audiencia con los gremios del sector —principalmente SOMU y Simape— para discutir una posible modificación del esquema salarial. La propuesta incluye una reducción del 30% en el componente de salario por productividad.

El documento fue respaldado también por otras organizaciones del sector como CEPA, Caipa, Caapba, AEPC, Udipa, Cafrexport y CAPA, que reiteraron su disposición a dialogar y consensuar medidas que permitan reactivar la actividad y preservar los más de 46.000 empleos directos que genera la industria pesquera argentina.

Mientras tanto, los barcos siguen amarrados, a la espera de una solución, que incluya la intervención del sector político de la región, para que destrabe una situación sin precedentes para la principal economía regional del país.