Sin insumos, sin presupuesto, sin información: cómo Milei desmanteló el acceso al aborto

En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, un dato revela con crudeza el desmantelamiento sistemático del acceso al aborto legal y seguro en Argentina: durante el primer cuatrimestre de 2024, las denuncias, consultas y pedidos de asesoramiento ante barreras para abortar aumentaron un 275% respecto al mismo período del año anterior. El responsable directo de esta regresión es el Gobierno nacional, que bajo la presidencia de Javier Milei no eliminó la Ley 27.610, pero la desfinanció completamente, dejando a las provincias y a las personas gestantes a merced de su propio destino o de su billetera.

Según el informe “También es por vos: defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas” elaborado por Amnistía Internacional Argentina, en lo que va del 2024 no se distribuyó ni un solo tratamiento de misoprostol, mifepristona ni combinaciones farmacológicas para interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) desde el Ministerio de Salud de la Nación . En contraste, durante el año anterior se habían entregado más de 88 mil tratamientos con misoprostol y más de 77 mil de combipack (que incluyen misoprostol y mifepristona).

Un Estado ausente: sin medicamentos, sin presupuesto y sin datos
El 16 de abril, durante su informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó en claro la posición del Gobierno. Reconoció que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva “no tiene asignada una línea presupuestaria específica destinada al cumplimiento de la Ley 27.610” . Esto implica, en los hechos, una eliminación de recursos para garantizar derechos fundamentales.

La consecuencia inmediata de esta política es el colapso de la provisión de insumos en hospitales y centros de salud públicos. Actualmente, muchas instituciones sobreviven con las reservas heredadas de la gestión anterior o con compras que logran concretar algunas provincias con recursos propios. Pero eso no alcanza. Según el monitoreo de Amnistía, más de la mitad de las provincias informó falta de stock de misoprostol, y casi todas reportan desabastecimiento total de mifepristona y combipack .

Los datos presupuestarios son igual de alarmantes: el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva representó apenas el 0,19% del gasto ejecutado del Ministerio de Salud en 2024, y solo se proyecta un magro 0,7% para 2025 .

Además, desde diciembre de 2023, el Gobierno dejó de publicar información oficial sobre acceso a la salud sexual y reproductiva. La opacidad se suma a la inacción.

Abortar cuesta 100 mil pesos… si se consigue
En este contexto, el acceso a un aborto legal y seguro en el sistema público se vuelve un privilegio. Las cajas de misoprostol —uno de los métodos farmacológicos más utilizados— se consiguen en farmacias a un costo promedio de 100 mil pesos. Andrea, una mujer de Entre Ríos, relató que cuando pidió acceder a una interrupción voluntaria en un hospital, le dijeron que debía comprar el medicamento por su cuenta. No tenía el dinero, y la única respuesta que obtuvo fue que no podía esperar y que debía pagar .

El panorama se repite a lo largo y ancho del país. La disponibilidad del derecho varía según el código postal. Mientras algunas jurisdicciones hacen esfuerzos por sostener el acceso a pesar del ahogo financiero, otras no tienen forma de cubrir la demanda. El resultado es un acceso profundamente desigual.

Ni anticonceptivos ni test de embarazo: una regresión en todos los frentes
La política de vaciamiento no solo afecta el aborto. También hay una caída del 81% en la distribución de anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo entre 2023 y 2024 . Son herramientas esenciales para que las personas puedan decidir si tener hijos, cuándo y cuántos.

Esta regresión pone en peligro derechos conquistados luego de décadas de lucha. “El Estado deja de ser garante del derecho”, advierte Amnistía Internacional. Y no se trata solo de ideología. El Gobierno nacional ha optado por no invertir ni un solo peso en salud sexual y reproductiva. La consigna es clara: que cada quien se arregle como pueda.

Un retroceso deliberado
El presidente Javier Milei ha manifestado públicamente que considera el aborto un "asesinato". Su oposición a la ley es conocida, pero su estrategia no fue ir por la derogación, sino por la desfinanciación. Así, desactiva el acceso sin necesidad de enfrentar una derrota legislativa.

“Las respuestas brindadas por el Jefe de Gabinete dejan expuesta la realidad que varias organizaciones venimos monitoreando y advirtiendo: el Estado no está garantizando el acceso a la salud sexual y reproductiva”, denunció Julieta Izcurdia, directora del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

La salud de las mujeres, bajo amenaza
El caso argentino es un ejemplo trágico de cómo una ley puede existir formalmente, pero ser desactivada en la práctica. Lo que está en juego es la salud, la autonomía y la vida de miles de personas gestantes. Este 28 de mayo, no hay nada para celebrar. La consigna es defender cada derecho, cada conquista, cada medicamento. Porque con Milei, el derecho al aborto dejó de ser un derecho: es un privilegio de clase.