Dólares del colchón: ARCA asegura que limitará la información fiscal a las provincias que no adhieran al régimen

La pulseada recién comienza. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) endureció su postura frente a las provincias que se resisten a sumarse al nuevo esquema impositivo promovido por el Gobierno nacional. En el marco del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", la agencia lanzó una advertencia: las jurisdicciones que no adhieran al régimen perderán el acceso a la información fiscal de personas y empresas, incluyendo datos de facturación y consumos por encima de los $50 millones.

La medida forma parte de una ofensiva del Ejecutivo para fomentar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal. Con esa meta, ARCA ya comenzó una ronda de llamados a los gobernadores para lograr su adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. La propuesta incluye una mayor libertad para los contribuyentes y la supresión de regímenes informativos que, hasta ahora, permitían a organismos fiscales provinciales acceder a datos clave a través de convenios con Nación.

“Las provincias que no firmen quedarán afuera del intercambio de información. Esta es una decisión para devolverles a los ciudadanos la libertad de usar su dinero como deseen, sin persecuciones ni controles arbitrarios”, comunicó el organismo, que depende del equipo económico encabezado por Luis Caputo.

El mensaje no tardó en generar reacciones. Desde la provincia de Buenos Aires, el titular de ARBA, Cristian Girard, calificó la movida como “una promesa electoral sin sustento normativo” y denunció la falta de seguridad jurídica en las medidas anunciadas. “ARBA seguirá aplicando todas las herramientas de fiscalización vigentes. No hay cambios reales en las obligaciones tributarias. Esto es un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas con la liquidación de la cosecha”, afirmó Girard, en línea con la postura del gobernador Axel Kicillof.

La confrontación anticipa una disputa más amplia sobre la autonomía de las provincias en materia fiscal. Desde ARCA, un funcionario deslizó que "cada gobernador será responsable de las consecuencias si decide oponerse al nuevo régimen", y subrayó que la competencia por atraer inversiones obliga a las jurisdicciones a reducir impuestos como Ingresos Brutos, en lugar de endurecer controles.

Mientras tanto, el Gobierno nacional avanzó con la eliminación de ciertos regímenes informativos y elevó los umbrales mínimos que obligan a bancos, tarjetas y fintechs a reportar operaciones. Además, se presentó un proyecto de ley para blindar los cambios y dar señales de estabilidad a quienes deseen blanquear sus fondos.

En este contexto, las provincias se enfrentan a un dilema: aceptar las nuevas condiciones y renunciar a parte de su capacidad de control, o plantarse y asumir el costo político y económico de mantener sus propios regímenes fiscales.