Ley sin aplicación: reclaman al gobierno bonaerense acciones concretas contra la violencia escolar

La diputada de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, presentó esta semana un pedido de informes ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, dirigido al Ministerio de Educación bonaerense que conduce Alberto Sileoni, para conocer el grado de implementación de la Ley N°14.750. La normativa, sancionada y promulgada en 2015, tiene como objetivo regular la promoción de la convivencia, la intervención institucional y la investigación sobre la conflictividad social en los establecimientos educativos bonaerenses.

“La ley nacional y provincial reconocen y ponen sobre la mesa la existencia de situaciones conflictivas al interior de los establecimientos educativos, situaciones que lejos de resolverse, continúan profundizándose”, sostuvo Etchecoin al fundamentar el pedido, en un contexto donde la violencia en las escuelas es cada vez más visible y frecuente.

La legisladora solicita al Ejecutivo que informe si actualmente se cumplen los objetivos de la ley, que se sancionó en consonancia con la Ley Nacional N°26.892, referida a la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en instituciones educativas. Entre los puntos destacados, Etchecoin pidió saber si existe un sitio web oficial y una línea telefónica gratuita destinada a canalizar consultas y denuncias sobre violencia escolar, tal como lo exige la ley.

Además, la diputada de la Coalición Cívica exigió detalles sobre los espacios de participación y articulación con organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la temática de violencia escolar, así como las políticas implementadas para fomentar investigaciones con enfoques interdisciplinarios.

Otro de los aspectos sobre los que Etchecoin solicitó información es la recopilación de experiencias sobre convivencia y conflictividad escolar, prevista en la normativa. En este sentido, reclamó conocer las instancias de formación, acompañamiento y asesoramiento destinadas a inspectores, directivos, docentes y personal no docente, que la ley plantea como ejes fundamentales para una intervención integral.

Uno de los puntos centrales del pedido de informes también refiere a la Guía Orientadora que establece la ley, que debe ser revisada y actualizada periódicamente. La diputada solicitó que se detalle cuáles son los mecanismos para dicha actualización y con qué frecuencia se lleva a cabo. Asimismo, pidió que se publiquen las estadísticas oficiales sobre situaciones conflictivas en los ámbitos escolares, desagregadas por región educativa.

“Nos hacemos eco de estas situaciones en los medios y las redes, en situaciones de diversa complejidad pero que nos invitan a cuestionarnos qué sucede en nuestra sociedad”, advirtió la legisladora, señalando que si bien algunos casos de violencia escolar tienen alta exposición mediática, muchos otros permanecen invisibilizados.

Por último, Etchecoin pidió conocer las medidas adoptadas por los actores pertinentes del sistema educativo, especialmente por parte de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), ante situaciones de violencia o conflicto en las escuelas.

“Las escuelas deben hacerse cargo de múltiples acciones además de su labor pedagógica. Las situaciones que en ellas ingresan interpelan a sus actores de forma directa y en cualquiera de sus niveles. Acompañarlos es cuidarlos, y darles herramientas es fortalecerlos en una labor compleja que les toca afrontar”, concluyó Etchecoin.