
El Gobierno nacional oficializó un paquete de recortes que afecta profundamente a áreas clave de derechos humanos y cultura, al tiempo que elimina subsidios en barrios acomodados como Puerto Madero y countries del conurbano bonaerense. Las medidas forman parte del plan de ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre las decisiones más resonantes se encuentra la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, que dejará de tener rango de secretaría para convertirse en subsecretaría, con una reducción del 40% de su estructura y el despido del 30% de su personal. La medida, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, representará un ahorro estimado en 9.000 millones de pesos anuales.
Durante la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni –quien dejará su cargo el próximo 9 de diciembre para asumir como legislador porteño– justificó los recortes afirmando que “la cartera de Derechos Humanos, ahora sí, se va a encargar de garantizar todos los Derechos Humanos y no de defender un sector ideológico partidario”.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, precisó que además se eliminará el 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes. Desde la asunción de Milei, ya fueron despedidos 405 empleados identificados por el Ejecutivo como “militantes”, lo que equivale al 44% del personal original de esa dependencia.
Cultura en retroceso
Las medidas de ajuste también alcanzan al área cultural. El Gobierno anunció el cierre o fusión de institutos culturales, como el Instituto Juan D. Perón, así como la centralización de espacios emblemáticos como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Palacio Libertad. Además, se unificó el Archivo Nacional de la Memoria con el Museo Sitio de Memoria ESMA, ambos bajo la coordinación del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Desde el Ejecutivo aseguran que cada recorte responde al objetivo de eficiencia y que “cada peso que se ahorra nos permite seguir bajando impuestos”.
Fin de subsidios en zonas de privilegio
Otra de las decisiones destacadas del paquete de anuncios fue la eliminación de subsidios energéticos para 15.500 usuarios de zonas de altos ingresos, como Puerto Madero y barrios cerrados del conurbano. Según explicó Adorni, estos usuarios registraban consumos energéticos similares a los de una pyme promedio, en muchos casos debido a comodidades como piletas climatizadas.
La recategorización automática de estos usuarios permitirá, según el Gobierno, un ahorro de 3.000 millones de pesos. En una crítica velada al expresidente Alberto Fernández, residente en un departamento de Puerto Madero perteneciente a Enrique “Pepe” Albistur, Adorni sostuvo que la medida representa “el fin de privilegios que algunos políticos gozaban por vivir en Puerto Madero, o vivan de prestado como algún político en Argentina”.
Controversia y cuestionamientos
Las medidas despertaron una ola de cuestionamientos de parte de organismos de derechos humanos y referentes culturales, que denuncian un vaciamiento simbólico y operativo del área, además de un ataque a la memoria histórica. En paralelo, sectores del oficialismo celebran el ajuste como un paso necesario hacia la “racionalización del Estado” y la eliminación de beneficios considerados injustificados.