Villarino reclama justicia territorial tras 25 años: impulsan proyecto por las islas Bermejo y Trinidad

A 25 años de una decisión que marcó un punto de conflicto territorial en el sur bonaerense, la diputada provincial Fernanda Bevilacqua (Unión por la Patria) presentó una iniciativa para que las islas Bermejo y Trinidad, actualmente bajo administración del partido de Coronel Rosales, vuelvan a estar bajo jurisdicción de Villarino, el distrito al que históricamente pertenecieron.

El reclamo apunta contra el decreto 449/99, firmado en el último año de la gestión del exgobernador Eduardo Duhalde, que transfirió la administración de las islas a Rosales. Bevilacqua sostiene que la cesión fue ilegítima, al no contar con sustento legal ni el respaldo de los concejos deliberantes involucrados. “El proyecto busca una reivindicación histórica, una restitución de tierras que históricamente estuvieron bajo jurisdicción de Villarino. Busca fundamentalmente purgar una arbitrariedad cometida y poner prolijas las cosas respecto de las islas”, explicó en diálogo con INFOCIELO.

Según la diputada, el decreto carece de fundamentos sólidos y no justifica el cambio de jurisdicción. “Fue por un decreto que carece de motivación. No brinda mayores explicaciones o fundamentos de por qué sustrae de la jurisdicción de Villarino territorio. Tampoco explica por qué Rosales debería ser el administrador de las islas”, remarcó. En esa línea, subrayó que según la ley de creación de los distritos, las islas corresponden a Villarino.

Las islas Bermejo y Trinidad se encuentran dentro de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, una zona de alto valor ambiental y estratégico. Por eso, el reclamo no sólo implica una cuestión de límites administrativos, sino también la posibilidad de incidir en la gestión y protección del territorio.

Bevilacqua —quien representa a la Sexta sección electoral y es hija del actual intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua— consideró que cualquier modificación de límites distritales debió haberse hecho mediante una ley y no por vía de un decreto “sin convalidación ni fundamento jurídico”. “Si se querían cambiar los límites establecidos por ley, debería haber sido regulado por ley, y en todo caso, si se hacía por decreto, debería haber estado debidamente fundado y motivado como cualquier acto administrativo”, expresó.

El proyecto presentado se encuentra actualmente en análisis dentro de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura bonaerense y deberá pasar por las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Justicia antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.