Tragedia en la RN 3: el costo humano del ajuste en la obra pública por parte del gobierno de Milei

El accidente vial ocurrido este martes en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 3, a la altura de San Miguel del Monte, que dejó como saldo cuatro personas muertas, reabrió un debate que el gobierno nacional insiste en clausurar: el deterioro crítico de la infraestructura vial producto de la paralización de la obra pública y el vaciamiento del Estado.

Para Fabián Catanzaro, secretario gremial del personal de Vialidad Nacional, lo ocurrido “podría haber pasado en cualquier tramo del corredor de la Ruta 3” dijo en declaraciones a Radio Delta y alertó en ese marco que el tramo entre Cañuelas y Las Flores, unos 150 kilómetros, se encuentra virtualmente abandonado desde diciembre de 2023, cuando el gobierno nacional de Javier Gerardo Milei decidió frenar de forma total las obras públicas en todo el país.

Una tragedia que pudo evitarse
Aunque el gobierno insiste en reducir el gasto público, las consecuencias de esa política son cada vez más evidentes. En el caso de la Ruta 3, las obras de transformación en autovía, fueron oportunamente pensadas para prevenir colisiones frontales —las más mortales—, están paralizadas o apenas avanzan a paso lento por la falta de pago de las expropiaciones necesarias: “Si esa obra se hubiera terminado, se hubiese evitado lo más grave, que son los choques frontales. Lo que pasó ayer demuestra el valor de la vida y el costo de mirar para otro lado”, afirmó Catanzaro.

La tragedia da cuenta de una política que concibe la inversión en infraestructura no como una prioridad, sino como un gasto superfluo. “Hoy no hay mantenimiento, no hay materiales, no se compra insumo básico, ni siquiera tenemos elementos para cortar el pasto o señalizar. Estamos en un nivel de abandono total”, advirtió el gremialista.

Una red vial en ruinas y sin conducción
El panorama es alarmante según describió Catanzaro: el 75% de los 40 mil kilómetros de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. Y no hay perspectivas de mejora. La falta de recursos es apenas una parte del problema. La otra es la desconexión absoluta entre las autoridades del organismo y los trabajadores.

Desde que Vialidad Nacional pasó a depender de la Secretaría de Transporte —y no más de la Secretaría de Obras Públicas—, se profundizó la ausencia de conducción política y técnica. “No tenemos diálogo. El Administrador General está alineado con el gobierno y no da respuestas. Se limita a repetir el discurso del ‘no hay plata’, mientras el organismo colapsa”, denunció el referente de los trabajadores de Vialidad.

El negocio de las concesiones: privatización encubierta
Mientras se desmantela la estructura estatal encargada de garantizar la seguridad vial, el gobierno avanza en un plan de concesiones que beneficia al sector privado. Se trata de la entrega de los 10 mil kilómetros más rentables de la red nacional —donde circula el 80% del tránsito— a empresas que se encargarán del mantenimiento básico a cambio del cobro de peajes por 20 o 30 años.

“Lo llaman eficiencia, pero es entrega. A cambio del corte de pasto y el bacheo, les entregan rutas estratégicas. Y lo que no da ganancia, que es el 70% del territorio nacional, quedará librado a su suerte”, sostuvo el dirigente.

La decisión no solo debilita la capacidad del Estado, sino que perpetúa un esquema desigual: mientras las regiones más transitadas quedan en manos de empresas privadas, las provincias más postergadas verán profundizar su aislamiento por falta de infraestructura.

Un gobierno que desprecia el rol del Estado
La falta de inversión en rutas no es una omisión, sino una decisión política. En marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó públicamente que al gobierno “no le importa el estado de las rutas”. Un mes y medio después, las consecuencias de esa indiferencia se cobraron nuevas vidas. “Se lo toman en broma. Pero cuando pasan estas tragedias todo cobra dimensión real. Ahora se viene el invierno y no tenemos recursos para asistir durante las nevadas. Esta es la situación a la que nos empuja esta lógica destructiva”, concluyó con suma preocupación e incertidumbre sobre el panorama venidero.

Mientras el gobierno continúa justificando su política de ajuste con consignas sobre el déficit cero, la realidad en las rutas argentinas demuestra que la inacción tiene un costo: y ese costo se mide en vidas humanas. La tragedia en la Ruta 3 es un ejemplo doloroso y contundente del fracaso de una política que, al vaciar el Estado, deja sin protección a toda una sociedad.