
La obra social de los jubilados, PAMI, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de adjudicar de forma acelerada y sin competencia real un contrato millonario a la empresa Urbano Express S.A. para la distribución domiciliaria de pañales en todo el país. El proceso, calificado como una “licitación exprés”, generó sospechas por presunto direccionamiento, vínculos con grupos de poder y un impacto económico negativo para la obra social y sus afiliados.
El contrato, que asciende a $466.554 millones (equivalentes a unos 450 millones de dólares), se extenderá por 36 meses y fue adjudicado a una sola empresa que logró presentar oferta dentro de un plazo de apenas seis días, algo inusual para este tipo de licitaciones que suelen requerir semanas o meses de preparación.
Solo una empresa, todas las sospechas
Mientras que otras tres compañías del sector (Lenterdit, Italpañal y Hisan S.A.) asistieron a la apertura de sobres pero se abstuvieron de participar, Urbano Express S.A. –una empresa logística sin trayectoria en la fabricación de productos sanitarios, vinculada al Grupo Román y al Grupo Clarín– fue la única que logró presentar una propuesta válida. Desde el sector denuncian que la compañía ganadora había realizado consultas previas a fabricantes desde marzo, incluso antes de que se publicaran los pliegos, lo que refuerza la hipótesis de un proceso armado a su medida.
Además, se cuestiona el nuevo sistema de provisión: según fabricantes, los pañales serán de menor calidad, pasando de 75 a 50 gramos, sin doble capa de absorción y con cintas más pequeñas. “Todo conspira contra la calidad”, advirtieron. También se teme por un posible reemplazo de la producción nacional por productos importados.
Internas libertarias, negocios y tensiones
El escándalo no solo expuso posibles irregularidades administrativas, sino que también intensificó las internas dentro del propio oficialismo libertario. Mientras la gestión central del PAMI responde al asesor presidencial Santiago Caputo y a Mario Lugones, las delegaciones provinciales están alineadas con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La disputa por el control político y territorial de la obra social más grande del país se mezcla con denuncias por pedidos de “diezmos” a trabajadores para financiar partidos locales.
El actual titular del PAMI, Esteban Leguizamo, también arrastra cuestionamientos desde su paso por la gestión de Luana Volnovich, donde fue denunciado por la asignación de subsidios a centros de jubilados vinculados a La Cámpora.
Alquileres sospechosos y más negocios bajo la lupa
A la polémica por los pañales se suman otras investigaciones. Una de ellas apunta al alquiler de un edificio de oficinas a un empresario afín al oficialismo por un monto millonario. La operación, que incluiría una comisión inmobiliaria para una socia del beneficiario y el presunto uso político del inmueble, alimenta las denuncias por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Frente al creciente escándalo, este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó este lunes poner paños fríos y anunció que se modificará el sistema de distribución de pañales en el PAMI. Aseguró que con la nueva modalidad se generará un ahorro de $5.000 millones, aunque no ofreció detalles sobre cómo se alcanzaría ese objetivo. “Si hay algo más que decir, se dirá en la justicia”, agregó Adorni, negando que la licitación haya estado direccionada.
El intento del Gobierno por desactivar la crisis contrasta con las múltiples alertas que surgen tanto desde el sector privado como desde las propias filas del oficialismo. Mientras tanto, el contrato ya fue firmado y Urbano Express S.A. podría comenzar a cobrar parte de los pagos por adelantado.