
La subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, expresó su “enorme preocupación” ante el recorte de más de 200 mil pensiones por discapacidad que realizó el Gobierno Nacional, y calificó la decisión como “cruel, inequitativa e injusta”.
El recorte, ejecutado el mes pasado por el Ejecutivo nacional bajo la gestión de Javier Milei, dejó sin efecto un número masivo de beneficios destinados a personas con discapacidad, incluyendo aquellas vinculadas a la salud mental. Calmels aseguró que la medida fue llevada adelante de forma arbitraria y sin evaluar debidamente los casos particulares.
“Se tomó una decisión masiva y de falta de responsabilidad que es la revisión de todas las pensiones. El método que decidieron tomar es cruel, redujeron las pensiones de manera inequitativa e injusta”, declaró Calmels en diálogo con Radio Splendid AM 990.
Desde el Gobierno Nacional argumentaron que la baja de pensiones se justifica por presuntas “irregularidades detectadas” a través de una auditoría llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según informaron, los titulares de las pensiones que fueron dadas de baja no habrían respondido a las citaciones del Ministerio de Salud para auditar la continuidad del beneficio.
Sin embargo, Calmels remarcó que la medida tuvo un impacto devastador en el sistema de salud público y en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. “Es una situación de ahogo por todos lados”, subrayó, y agregó que “la problemática que se instaló luego de esta medida es realmente desesperante”.
Finalmente, la funcionaria concluyó con una dura crítica al trasfondo de la decisión: “Es humillante y el único objetivo es tener un achique económico en el sector más vulnerable y desprotegido”.