Vecinos y concejales de La Plata exigen explicaciones por proyecto de termoeléctricas en Brandsen

En medio de una creciente movilización vecinal y política, concejales del bloque UCR + PRO por la Ciudad de La Plata presentaron un pedido de informes al Ejecutivo provincial para exigir explicaciones sobre el proyecto de instalación de dos centrales termoeléctricas en el kilómetro 49 de la Ruta 2, en terrenos ubicados en el distrito de Brandsen, pero muy cercanos a zonas residenciales y rurales de Abasto.

El reclamo se formalizó tras una reunión en el Concejo Deliberante platense entre los ediles Manuela Forneris, Diego Rovella, Gustavo Staffolani y Melany Horomadiuk con vecinos autoconvocados de Abasto, quienes manifestaron su “alarma” ante los posibles impactos negativos del emprendimiento. Entre las principales preocupaciones señalaron la contaminación del aire, el uso intensivo del acuífero Puelche, la contaminación sonora y el riesgo para la producción frutihortícola del cinturón platense, esencial para el abastecimiento de alimentos en la región.

“El desarrollo energético no puede avanzar a espaldas de los vecinos ni en perjuicio del ambiente y la salud pública. Necesitamos transparencia, participación ciudadana y control estatal”, expresaron los concejales al presentar el pedido de informes, que exige conocer si se han realizado los estudios de impacto ambiental, si se convocó a audiencia pública como establece la legislación vigente, y qué medidas ha tomado el Ministerio de Ambiente bonaerense para garantizar el cumplimiento de la normativa.

En paralelo, vecinos y productores de Abasto realizaron una manifestación el viernes pasado sobre el kilómetro 52 de la Ruta 2. Durante la protesta, exigieron al Ministerio de Ambiente que informe si la empresa SCC Power —titular del proyecto— cuenta con estudios ambientales aprobados, antecedentes sobre su accionar, y si se realizó la consulta ciudadana obligatoria.

Los reclamos se intensificaron tras conocerse que la misma empresa fue obligada a desmontar dos centrales en Pilar —Matheu II y III— por orden judicial, luego de años de denuncias vecinales. También fue desmantelada su planta en Villa Rosa, marcando un precedente que refuerza la desconfianza de las comunidades afectadas.

“Instalar dos centrales termoeléctricas en Brandsen es atentar contra el medioambiente y la vida”, denunció Diego Rovella, presidente del bloque UCR-PRO en el Concejo Deliberante platense. “Estas plantas requieren enormes cantidades diarias de agua potable, emiten gases contaminantes con efecto invernadero y generan un nivel de ruido que afecta la salud de personas y animales”, detalló.

Según Rovella, las emisiones de partículas tóxicas “están asociadas a enfermedades graves y al aumento de la mortalidad prematura, y pueden trasladarse por acción del viento desde Brandsen a otras localidades como La Plata, Berisso y Ensenada”.

La empresa detrás del proyecto, SCC Power, es la actual denominación de Araucaria Energy S.A. y forma parte del Grupo MSU, un conglomerado agroindustrial con base en Argentina y ramificaciones empresariales en Inglaterra, Gales y Uruguay. Su historial incluye denuncias por falta de transparencia, impacto ambiental negativo y un modelo de instalación rápida sin consenso social ni estudios previos rigurosos.

El presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, también se pronunció al respecto: “Nos preocupa que se avance con proyectos de este tipo sin estudios ni espacios de participación, cuando pueden afectar directamente la vida de los vecinos. El acceso a la información y al debate público es clave”.

La dirigente radical de Abasto, Lorena Prieto, fue aún más tajante: “Este proyecto parece priorizar intereses económicos por encima del bienestar de los habitantes y del medio ambiente. No estamos dispuestos a sacrificar la salud de nuestros vecinos por una iniciativa que no garantiza los estándares mínimos”.

El Concejo Deliberante de La Plata elevó un proyecto de decreto para rechazar formalmente la instalación de las plantas Abasto I y II. En paralelo, organizaciones vecinales y referentes políticos de la región anticipan nuevas acciones para impedir que el proyecto avance sin los controles legales y sociales que corresponde.

Mientras tanto, la respuesta del Ministerio de Ambiente de la Provincia sigue pendiente. La comunidad, sin embargo, ya dejó clara su posición: no habrá desarrollo energético posible si compromete la salud, el ambiente y la vida.