El Gobierno Nacional vuelve a imputar a empresas por incluir tasas en las facturas

El Gobierno Nacional imputó a un total de 94 empresas por incluir en sus facturas tasas y cargos ajenos a los bienes y servicios contratados. La medida, implementada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, surge como respuesta al incumplimiento de la Resolución 267/24, que rige desde el 11 de octubre.

Esta resolución tiene como objetivo garantizar que las facturas de servicios esenciales reflejen únicamente la descripción y el precio del servicio contratado, prohibiendo la inclusión de cargos no relacionados. Según la normativa, “de esta manera, se evitará la inclusión de cargos que no corresponden a un servicio y que vulneren la libertad de elección de los consumidores, forzándolos a pagar montos adicionales al momento de abonar las tarifas”.

Los expedientes abiertos abarcan empresas de diversas provincias, incluyendo Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Una vez notificadas, las empresas tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar su defensa. Al finalizar este período, la Secretaría podrá imponer sanciones conforme a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, con multas que pueden alcanzar los $2.130 millones.

En noviembre pasado, el Gobierno también inició un proceso similar contra otras 95 empresas en 20 provincias por infracciones similares. La decisión del Gobierno de intensificar estas acciones se enmarca dentro de una estrategia más amplia para garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los consumidores en un contexto económico complicado.

La Resolución 267/2024, publicada el 11 de septiembre, establece que las empresas proveedoras deben ofrecer a los consumidores información clara y detallada sobre los términos de sus contratos.

Desde la Secretaría de Comercio señalaron que, con esta medida, “el Gobierno impedirá que se cobren conceptos ajenos a lo contratado por el consumidor dentro de la documentación comercial emitida por el suministro de bienes y servicios”.