“Las políticas públicas de género vuelven en más derechos”, afirmó la ministra Díaz

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz, celebró por redes sociales la aprobación de la iniciativa que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del derecho de las infancias, fortalecer la autonomía de las mujeres que litigan por el cumplimiento de la cuota alimentaria y lograr una respuesta judicial rápida y ágil, entre otros aspectos relevantes.

“La Cámara de HCDiputadosBA acaba de aprobar el proyecto de ley presentado por el gobernador Axel Kicillof que garantiza el acceso a la justicia para quienes reclaman la cuota alimentaria.  A partir de ahora va a ser más rápido y sencillo que la justicia garantice el cumplimiento del derecho a los cuidados para niñas, niños y adolescentes”, manifestó por la red social X.

La Cámara de @HCDiputadosBA acaba de aprobar el proyecto de ley presentado por el gobernador @kicillofok que garantiza el acceso a la justicia para quienes reclaman la cuota alimentaria. A partir de ahora va a ser más rápido y sencillo que la justicia garantice el cumplimiento…

— Estela Díaz (@EstelaEDiaz) December 12, 2024

Además, agregó: “Este proyecto surgió del primer informe sobre incumplimiento de la obligación alimentaria que hicimos desde el Ministerio de Mujeres de la PBA, desde la subsecretaría de Políticas de Género a cargo de Lucia Portos. Las políticas públicas vuelven en más derechos. Gracias por legislar para la igualdad”.

Dicho informe muestra los resultados de una encuesta a  7.000 mujeres encuestadas, que indica que la mitad (51,2%) no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos, una cifra que evidencia la problemática imperante. Dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de cuota alimentaria, un 24,9% menciona que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente.

De esta manera, el proyecto establece que las oficinas públicas pasarán a tener un plazo de 20 días hábiles, en las entidades privadas se reduce a 10, para contestar el pedido de informes o remitir el expediente en los casos de litigios vinculados al acceso de la cuota alimentaria.