
La Sala Quinta, compuesta por los jueces Carlos A. Natiello y Mario E. Kohen, respaldó la decisión del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Junín, que ya había encontrado culpables a los tres acusados por defraudación a la administración pública, que se desarrolló entre los años 2009 y 2012.
El tribunal de Casación consideró la "prueba producida en el juicio oral" y concluyó que los exfuncionarios habían llevado a cabo un plan para realizar "numerosas y audaces maniobras" utilizando documentación falsa para la adquisición de bienes y servicios, causando un considerable daño económico a las arcas públicas de Lincoln.
Fernández ya había sido condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. La ratificación de la condena por parte de Casación significa un paso más hacia la justicia, aunque los magistrados deberán ajustar la pena a los 58 casos probados, lo que podría modificar la duración de su condena.
El actual intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se pronunció sobre el veredicto, calificándolo de "contundente". Serenal, quien se presentó como particular damnificado, enfatizó que esta resolución reconoce la existencia de delitos que afectaron directamente al pueblo de Lincoln. "Se hizo justicia para que los vecinos de Lincoln sepan de verdad cómo se cometió el engaño y el robo", agregó.