El Gobierno Nacional prohibiría el cobro de tasas municipales a través de facturas de servicios

La discusión sobre las tasas se intensificó tras las declaraciones del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien es cercano a Javier Milei. Valenzuela denunció que en municipios gobernados por intendentes kirchneristas, como Lanús, bajo la gestión de Julián Álvarez de La Cámpora, se han registrado aumentos significativos en las tasas en las últimas semanas.

La situación se complicó aún más con la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, quien acusó a los intendentes de tener "fines recaudatorios" y los vinculó a una estrategia para obstaculizar la reducción de la inflación, lo que afectaría el plan económico nacional. En respuesta, el gobernador Axel Kicillof defendió a los intendentes, argumentando que los aumentos son necesarios para financiar servicios ante los recortes del gobierno nacional.

La prohibición se formalizaría mediante una resolución de la Secretaría de Comercio que se anunciaría en los próximos días, según fuentes del gobierno nacional consultadas por Infobae. Este mecanismo de cobro de tasas en facturas de servicios no solo se limita a los distritos del Conurbano, sino que también es común en municipios del interior de la provincia, donde se incluyen en las liquidaciones de servicios como agua y electricidad, así como en la facturación de otros servicios, como la televisión por cable.

Para las entidades que realizan el cobro, reciben una comisión que las comunas les pagan a cambio de transferir el dinero de las tasas cobradas en nombre del estado local.

Se ha informado que las comunas que no cumplan con esta nueva regulación, que entraría en vigor la próxima semana, enfrentarán sanciones bajo la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240).

Además, el Ministerio de Economía, que ya ha indicado que está considerando llevar este asunto ante la Corte, no descarta la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que limite la discrecionalidad en el aumento de tasas, asegurando que no se realicen incrementos por conceptos vagos que carezcan de una contraprestación clara y verificable.