Como parte de una política de ajuste, el gobierno nacional decidió suspender las obras en todo el territorio nacional que estaban en desarrollo bajo este programa, dejando a muchos municipios sin proyectos esenciales en marcha.
El Poder Ejecutivo envió cartas a las comunas afectadas, instándolas a considerar, conforme al artículo 1 inciso b de la resolución Nº 452/24 del Ministerio de Economía, si pueden continuar las obras de manera independiente, sin el apoyo financiero del Estado Nacional, dado que se contempla la rescisión del convenio correspondiente.
Las cartas notifican a los municipios que tienen un breve plazo de cinco días hábiles para responder, con la advertencia de que el Estado procederá a anular el acuerdo si no se recibe respuesta dentro de dicho período. Esto significa que aquellos distritos que deseen que las obras sigan adelante tendrán que utilizar sus propios recursos económicos y renunciar a cualquier asistencia.
Algunos intendentes han comenzado a actuar al respecto, buscando establecer diálogo con el gobierno nacional para facilitar el traspaso de las obras a sus jurisdicciones.
Entre éstos, se han reunido varios jefes comunales del área metropolitana, como el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y su par de Escobar, Ariel Sujarchuk. También han manifestado interés en la articulación del proceso los intendentes Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Ramón Lanús de San Isidro.