
A través de un comunicado de prensa, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su apoyo a la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) en su rechazo a la modificación del artículo 48 de la ley N° 11.653 de Procedimiento Laboral que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial.
“Desde CAME y otras entidades, como la Sociedad Rural y CONINAGRO, hicimos una presentación judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a los intereses abusivos que se cobran por los juicios laborales. No planteamos no pagar una indemnización, sino pagar lo que corresponde, sin intereses judiciales excesivos, y sin quitar los derechos adquiridos de los trabajadores”, expresó el presidente de CAME, Alfredo González.
El rechazo tiene que ver con que la modificación del artículo 48 impactaría en la fórmula para establecer las indemnizaciones laborales y el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER + 6% anual. El cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente.
El vicepresidente de la entidad y titular de FEBA, Alberto Kahale destacó que “nosotros somos generadores de empleo genuino y estamos muy preocupados. Si se aprueba la modificación del artículo 48 nos obligará a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos dejará desamparados ante un eventual juicio laboral”. Y agregó: “Ya en la actualidad tenemos juicios cuyos montos se multiplicaron por cuarenta en el último período. Es imposible hacerles frente. Lo que termina sucediendo es la desintegración del sector pyme y un aumento de la desocupación”.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Económica (CEPBA), Guillermo Siro cuestionó la ley de ampliación de indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires, debido a posibles consecuencias negativas en las relaciones laborales y en la economía y resaltó que “se decreta de esta manera un masivo éxodo de pymes, comercios e inversiones hacia otros distritos donde el costo judicial de tener empleados sea propio del sentido común”.
Dicho esto, aseguró: “Van a tener un problema los productores rurales porque no pueden movilizar sus cultivos en tierras bonaerenses, pero en los demás rubros la desinversión por este astronómico aumento en las indemnizaciones laborales es el nuevo gran capítulo de una novela donde se castiga al que fomenta el empleo directo o indirecto con sus pymes y comercios”.
Además, Siro advirtió: “No sólo pasa por los altos montos, sino porque es realmente un proyecto que genera un mapa desproporcionado en el que la provincia de Buenos Aires fija en más de un setecientos por ciento los montos indemnizatorios respecto de otros distritos como Ciudad Autónoma, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos”.
Por último remarcó que la iniciativa “se asemeja a alguna estrategia de la patria judicial de muchos profesionales que quieren incrementar sus honorarios y los costos judiciales”.