“La discapacidad se encuentra en crisis”

Antes de la asunción de la administración de la Libertad Avanza, si bien los pagos se realizaban con retrasos, había un flujo continuo. Sin embargo, desde entonces las provincias han advertido que el gobierno nacional ha interrumpido los desembolsos para las prestaciones contratadas directamente por las jurisdicciones. Esta situación ha llevado a instituciones, transportistas y profesionales a encontrarse en un estado de emergencia.
Infomiba dialogó con con Claudia D'Ippolitto, transportista del sector, quien confirmó a este medio el cese en el servicio de transporte, entre otros, entre ellos al servicio de prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas. Es decir, población que no tienen ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos.
En esa misma línea y en diálogo con medios nacionales, la presidenta de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPEA), Elizabeth Foschi, señaló que la discapacidad ha estado en crisis durante muchos años y que los pagos están muy retrasados. A pesar de algunos momentos de estabilización el año pasado, los aranceles no han logrado mantener el ritmo de la inflación, lo que ha dejado a los prestadores en una situación desfavorable. Los aumentos percibidos durante el año 2023 alcanzaron solo el 120 por ciento, mientras que la inflación llegó al 220 por ciento, lo que evidencia una brecha preocupante.
Infomiba dialogó además con algunos transportistas de distintos puntos del país quienes detallaron que: “para el interior, en el mes de diciembre, nosotros teníamos un valor de kilómetro de 272 pesos, con un combustible a 328 pesos aproximadamente, con lo cual ya estábamos desfasados con una inflación del año pasado de un 140%. Ahora, la situación se ve agravada por el aumento excesivo del combustible. En algunos lugares el combustible diésel se acerca a los $1000 que se usan para los transportes, y para otros casos, el GNC también subió y llegó cerca de los 400 pesos en algunas ciudades. Entonces, se aumentó más del 100% el combustible, pero el valor del kilómetro para nosotros no sufrió ninguna modificación. Entonces, este es un llamado al gobierno, a la Agencia Nacional de Discapacidad, a la ANDIS, para que otorguen urgentemente una mesa de diálogo para aumentar los valores a los prestadores de discapacidad. La suspensión de servicios ni siquiera es una medida de protesta, ni siquiera es un paro. Es una suspensión involuntaria de actividades, y esto se debe a que es imposible costear el combustible. Es totalmente incoherente poder trabajar de esta manera”. 
“Es una situación muy complicada que trae aparejado que muchísimos choferes de toda la República Argentina queden sin actividades ¿Y cuál es la dificultad de esto? Que sin transporte no hay terapias, no hay traslado a las terapias, centros terapéuticos, centros educativos, y lamentablemente nosotros somos golpeados y afectados en lo laboral. Ahora, las personas con discapacidad, lamentablemente a raíz de esta situación, quedan sin prestación de transporte, por lo cual no pueden llegar a sus lugares de tratamiento, lo cual va a afectar ciertamente su calidad de vida. Entonces, a través de estos medios solicitamos al gobierno que tome cartas en el asunto de manera urgente. Ni siquiera alcanza para los gastos fijos, aunque nos paguen al día: los seguros subieron más del 100%, los repuestos entre el 100 y el 150%, los lubricentros también más del 100%, entonces es imposible mantener la actividad. Solicitamos al gobierno a que tomen cartas en el asunto de manera urgente porque somos golpeados los trabajadores, los prestadores de discapacidad y, por supuesto, también las personas con discapacidad”, remarcaron. 
Infomiba también dialogó con Karina Castagnola, de Padres TEA de Quilmes, quien se refirió a la situación de los prestadores de servicios para la discapacidad, y explicó: "Estamos muy preocupados por las resoluciones y propuestas de este gobierno. El aumento del combustible ya dejó sin transportistas a las personas con discapacidad, y próximamente con el aumento del boleto a los acompañantes terapéuticos que tienen salarios muy bajos, y salir a trabajar va a significar perder dinero. Los prestadores deben recibir aumento sin lugar a dudas. Esa es la solución. Los profesionales hoy cobran menos que si trabajarán en forma particular y más tarde. El aumento del costo de vida no les deja las ganancias que necesitan para cubrir gastos básicos y optarán por trabajar en forma particular , renunciando a sus pacientes con obras sociales sindicales o prepagas. Ya tenemos muchas familias a quienes sus prestadores les avisaron que solamente trabajarán en forma particular y transportistas que no pueden sostener el trabajo por el aumento del combustible y han suspendido los traslados. La discapacidad está en emergencia”, lamentó.
Por si fuera poco
Otro de los puntos que generó repudio y malestar generalizado en el sector es la resolución 2484/2023 propuesta por el gobierno de Alberto Fernández, y reafirmada en el proyecto de Ley Ómnibus para las prestaciones de discapacidad y que  plantea un sistema de registro basado en una app con código QR. Esta medida, lejos de facilitar el acceso a las prestaciones, burocratiza aún más el proceso y genera exclusión para aquellos que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para su implementación.
“Entre líneas se puede leer el recorte en discapacidad y salud mental que el gobierno ha aplicado y que se está agudizando cada vez más.  Esta resolución va en contra del espíritu de la convención de discapacidad. Atenta contra los derechos más elementales de las PCD , como la accesibilidad y la autonomía. Es una norma clasista, capacitista, y una nueva forma de discriminación, que apunta a la burocratización y deshumanización de los procesos, e implicará que muchos profesionales desistan de brindar servicios a través de obras sociales y se vuelquen al sistema privado,  quedando miles de usuarios  restringidos del acceso a las prestaciones, vulnerándose todos sus derechos adquiridos”, señalaron en un comunicado, las distintas asociaciones y sectores vinculados con la discapacidad.