Yasky: "El negacionismo es penado en muchos lugares del mundo, incluso con prisión"

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Nación comienza con el tratamiento de los proyectos de ley que apuntan a aumentar las penas por manifestaciones negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Además se tratará la incorporación del antisemitismo en la ley antidiscriminatoria.

En declaraciones radiales, el presidente de la comisión, el diputado nacional Hugo Yaski, comentó que "hay varios proyectos, en algunos casos se plantea la posibilidad de penar con cárcel y en el caso de funcionarios se plantea la inhabilitación para ocupar cargos públicos, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo".

Asimismo informó que la próxima semana serán invitados los organismos de derechos humanos.

¿Cuáles son los proyectos?

Uno de los proyectos, el del cordobés 213 del Código Penal Eduardo Fernández, del bloque del Frente de Todos, establece la modificación del artículo 213 para estipular que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".

En otro de los artículos, el proyecto señala que "será reprimido con multa económica de 10.000 a 100.000 pesos quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de los delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".

En cuanto a los agravantes, prevé: "Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad". Sobre este último punto también agrega una multa económica del doble de lo establecido por el artículo 213 del CP.

Por su parte, la oficialista Carolina Moisés, también propone modificar el artículo 213 y apunta a la creación de un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas al disponer "sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena".

En ese sentido también sumó que "deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación".

A diferencia del resto de los proyectos, este propone establecer capacitaciones obligatorias sobre derechos humanos, genocidios y delitos de lesa humanidad para todos los funcionarios públicos.