El proyecto de Educación Financiera obtuvo media sanción

El proyecto de la legisladora de Juntos por el Cambio, aprobado este jueves  apunta a todos los niveles educativos, y según precisa, entiende como  Educación Económico-Financiera Integral, "al proceso pedagógico mediante el cual los/as alumnos/as adquieren una mejor comprensión de las formas de organización de la actividad económica, los conceptos,  productos financieros y los procesos económicos, que permitan desarrollar las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluando riesgos y oportunidades, para mejorar su bienestar y el del conjunto de la comunidad”, se señala en el articulado final, que sufrió algunas modificaciones".

A  tales efectos y para  la elaboración de los contenidos curriculares, la Autoridad de Aplicación deberá considerar, como mínimo, conceptos y conocimientos relativos al dinero, el crédito, el ahorro, la inversión, el presupuesto, la planificación, la economía popular, los procesos económicos y el bienestar comunitario, entre otros; como así también otros contenidos que brinden a los/as estudiantes las capacidades de elegir y gestionar entre alternativas que permitan desarrollar una adecuada administración.

Entre los objetivos del proyecto de Ley, Ahumada  detalla:

a) Promover una concepción positiva, desarrollando al mismo tiempo un posicionamiento crítico y reflexivo de los aspectos económicos- financieros, que favorezca al desarrollo integral, pleno y armónico de las personas y las comunidades;

b)  Brindar información científica, precisa y actualizada en relación a los distintos aspectos que involucren finanzas y procesos económicos globales y regionales;

c)  Promover actitudes responsables por parte de los/as alumnos/as en relación a la toma de decisiones que involucren recursos financieros;

d)  Inculcar a los/as alumnos/as buenas prácticas y hábitos saludables en relación a cuestiones económico- financieras;

e)  Prevenir problemas vinculados a la falta de conocimientos en materia económico- financiera;   

f)  Promover el concepto de la responsabilidad social, la inclusión y la cooperación entre los actores económicos y financieros como factor determinante de la inclusión social y el desarrollo individual y  comunitario.

g) Procurar la igualdad de trato y oportunidades sin distinción de género.

Por otro lado, se señala que “los establecimientos educativos desarrollarán los contenidos mínimos obligatorios en el marco de su proyecto educativo institucional, como lo estimen conveniente y con acuerdo a la legislación vigente”.

“La presente ley será de aplicación gradual y progresiva, conforme al desarrollo de las acciones necesarias para la elaboración de los contenidos curriculares y de las capacitaciones docentes. La Autoridad de Aplicación establecerá, dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la sanción de la presente ley, un plan de acción tendiente al cumplimiento de lo prescripto en los artículos 1° y 4°”, completa el proyecto que este jueves podría obtener media sanción.