
El Estado bonaerense realizó una presentación judicial contra la empresa de medicina prepaga OMINT S.A y ésta podría ser multada por hasta 300 millones de pesos por el caso de una asociada que denunció la negación de una interrupción voluntaria de embarazo.
La empresa obstaculizó la práctica, demoró el trámite y la atención a la paciente, no brindó información clara y precisa, no garantizó el trato digno y equitativo e incumplió con las condiciones y modalidades de prestación del servicio de medicina prepaga contratado.
Desde la provincia remarcaron que existen vías para denunciar a los prestadores privados ante el incumplimiento de la IVE y surgen herramientas para regular lo privado y políticas públicas para que estas empresas también se ajusten a derecho.
Así lo explicó Sabrina Cartabia, jefa de gabinete de la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, quien subrayó la “oportunidad novedosa” que ofrece la Provincia al brindar la posibilidad de denunciar a los prestadores privados ante el incumplimiento de la IVE.
“La novedad que ingresa es que aparecen herramientas para regular lo privado y políticas públicas para que estas empresas también se ajusten a derecho”, describió y agregó que con la posibilidad de denunciar a quienes impidan el ejercicio de este derecho “empiezan a ver cada vez más agencias que están en relación con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes”.