domingo 19 de enero de 2025
- Edición Nº2237

Legislativas

Políticas de Género

Piden que los sindicatos y las centrales obreras apliquen la Ley Micaela

La diputada provincial del Partido Fe, Natalia Sánchez Jauregui, autora de la iniciativa fue contundente: “Es la hora de deconstruirse y aprender de nuevo”.



La diputada provincial del Partido Fe, Natalia Sánechez Jauregui, presentó el proyecto de Declaración argumentó que "esto implicaría un hecho inédito a nivel mundial y obligaría a todos los dirigentes y afiliados de las organizaciones gremiales a recibir capacitación en perspectiva de género y violencia de género".

Asimismo afirmó: “Es la hora de deconstruirse y aprender de nuevo. Debemos sentirnos responsables ante la ola de femicidios que sigue azotando a los argentinos. Los sindicatos deben aggiornarse y quiero que demos un paso adelante ya mismo".

La normativa (Ley Micaela) establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, cualquiera sea su nivel o jerarquía.

Además, la legisladora sostuvo: “Entendemos prioritario que la capacitación con perspectiva de género que propugna la normativa llegue a todos los ámbitos públicos y privados y nuestro compromiso debe inclinarse en dicho sentido”.

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Por todo esto, Sánchez Jauregui indicó que “el proyecto busca transmitir herramientas y construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas”.

Por último, aseguró que “se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación sindical y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado”.

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