
La delegada Gremial de la Sucursal de Garbarino de Morón, Erica Salazar charló con InfoMIBA y relató la situación que vienen atravesando hace 8 meses con los nuevos dueños de la empresa de electrodomésticos.
“El conflicto empezó en diciembre del año pasado, hicimos un paro en las sucursales de Merlo, Morón y Laferrere con el acompañamiento del Sindicato de Empleados de Comercio de zona Oeste”, indicó y explicó que el problema se inició mucho tiempo atrás: “Hace 8 meses que venimos tolerando incumplimientos salariales, falta de aportes a las obras sociales y ningún tipo de diálogo”.
“Todo se convirtió en una incertidumbre porque, además, la empresa fue tomada por otros dueños durante la pandemia. A partir de ahí se suscitaron estos inconvenientes con los trabajadores”, señaló Salazar.
Además la delegada contó que por falta de respuestas, el 23 de diciembre decidieron tomar una medida de fuerza en todas las sucursales de zona Oeste. “Ese día se comprometieron a dar solución y terminamos cerrando un bono de fin de año de 9 mil pesos en 3 cuotas de 3 mil. La primera cuota ya la cobramos el 23 de enero. Y ahí se levantó la protesta”.
“Sin embargo, el 31 de diciembre los 23 compañeros que participaron del reclamo fueron despedidos por esa razón; cuando una huelga es un derecho constitucional”, enfatizó
A partir de ahí, contó Salazar, decidieron ponerse en marcha. “Se dio aviso al Ministerio de Trabajo, nos dieron fecha de audiencia y luego dictó la conciliación obligatoria. Los 23 trabajadores volvieron a trabajar”, pero manifestó que esa “conciliación obligatoria se venció y la empresa no da la reincorporación definitiva y por lo contrario ratifican los despidos”.
Por tal motivo, los trabajadores anunciaron acampes y bloques para el 2 de febrero para que la empresa revierta la decisión y reincorpore a los 23 trabajadores “injustamente” despedidos. “El lunes tenemos una audiencia presencial en el Ministerio de Trabajo, ya que la conciliación obligatoria no se puede prorrogar más”, aseguró.
Para terminar Salazar sostuvo que desde la empresa quieren “imponer” una reforma laboral que perjudica sobre todo a los vendedores. “Para nosotros es una acción de adoctrinamiento y persecución sindical”, sentenció.