La Justicia rechazó amparo de intendentes para retrotraer tarifas eléctricas

El argumento central para la negativa es que no es posible distinguir una clase homogénea sobre el universo de usuarios residenciales impactados por los aumentos. Y esto es porque coexisten diferencias socioeconómicas que impiden analizar el criterio de "razonabilidad" que tuvieron las subas.

La causa había sido iniciada por el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Aducc), la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y una veintena de intendentes del PJ.

Si bien Recondo no cerró la puerta para una evaluación judicial sobre la constitucionalidad de los incrementos, en esta oportunidad desestimó que una acción de clase pueda ser la vía para que se expida en una sentencia de amplio espectro. En ese sentido, indicó que entre los usuarios residenciales conviven desde "jubilados y pensionados hasta ejecutivos de alto poder adquisitivo".

Por su parte, en relación a los grupos de personas vulnerables incluidos en la tipología de usuarios, el fallo consideró que ellos cuentan con la denominada "tarifa social" que brindan las jurisdicciones en cuestión (tanto la Nación como las provincias) y ello es "una política que han adoptado los gobiernos cuyo mérito, oportunidad o conveniencia no incumbe al Poder Judicial".